La interna de la AMT sumó un capítulo que redefine quiénes podrán meter la mano en la urna: un juez destrabó el proceso electoral y habilitó a un grupo de funcionarios judiciales que hasta ahora quedaba afuera. Los mandatos de la conducción vencen en pocas semanas y el cronograma todavía no está escrito.
El juez en lo Civil y Comercial Común de la XIII Nominación, Raúl Eugenio Martín Tejerizo, rechazó el amparo electoral de la vocal Malvina María Seguí y levantó la cautelar que mantenía frenado el proceso electoral de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT). La sentencia llegó 27 días después de la presentación, que data del 14 de octubre, y luego de un pedido de pronto despacho impulsado por la propia demandante.
Con esa decisión queda sin efecto el fallo de la Sala IV de la Cámara del 29 de octubre, que había ordenado suspender la convocatoria, el padrón, las listas y la proclamación hasta que existiera una resolución de fondo. El reloj corre: los mandatos de la actual Comisión Directiva vencen el 15 de diciembre.
El corazón del conflicto: cuándo empieza a contar la antigüedad
La pulseada judicial tenía un eje técnico pero con consecuencias políticas concretas: el cómputo de la antigüedad de los socios adherentes. La Comisión Directiva había fijado postura en una nota del 9 de octubre: el plazo corre desde la incorporación efectiva de cada socio.
Seguí sostenía otra cosa. Para ella, el conteo debía arrancar el 31 de octubre de 2025, cuando la reforma se publicó en el Boletín Oficial y, según el artículo 40 del estatuto, entró en vigencia. Bajo esa lectura, unos 50 funcionarios quedarían habilitados para votar sobre un cuerpo electoral de alrededor de 200 asociados.
Qué definió el magistrado
Tejerizo entendió que la categoría de socios adherentes “se encuentra vigente desde el otorgamiento de la reforma estatutaria”, y ubicó esa fecha el 5 de noviembre de 2021. Así, concluyó que quienes cumplan con los artículos 8 y 37 del estatuto —cuatro años consecutivos de pertenencia activa— pueden votar, integrar listas y figurar en el padrón, siempre de acuerdo con lo que resuelvan los órganos de la asociación.
El juez admitió una “presunta colisión” entre el artículo 40, que quedó sin reformar, y el artículo 5 reformado, que define como adherentes a los funcionarios que se incorporen a partir de la reforma. Los interpretó en conjunto y consideró que el artículo 5 es una previsión específica que desplaza, para este supuesto, la regla general del artículo 40.
También señaló que una asociación civil puede fijar una fecha de vigencia distinta a la del artículo 157 del Código Civil y Comercial —que establece que la reforma de un estatuto rige desde su otorgamiento—, aunque aclaró que esa decisión debe surgir de manera expresa de la asamblea.
Los indicios que pesaron en la balanza
Para fundamentar su postura, Tejerizo miró la conducta de la entidad. La AMT cobró las cuotas de los adherentes desde su ingreso y en 2024 remitió a la Dirección de Personas Jurídicas padrones con 225 asociados identificados como “magistrados” y otros 223 “cuya categoría no está identificada”.
Sumó otro elemento: en el acta de la asamblea del 23 de abril de 2026, la primera en la que podían participar quienes ingresaron en 2021, se dejó constancia de que “sólo tienen voto los magistrados y funcionarios con una antigüedad de 4 años al día de la fecha”. El juez agregó que la jueza Ana María Iacono, en su demanda de nulidad de esa asamblea, no cuestionó la participación de los adherentes.
“Privar a los socios adherentes de su participación en el próximo comicio implicaría convalidar una conducta contradictoria e incompatible con la doctrina de los actos propios”, sostuvo el magistrado en su resolución.
Las defensas que cayeron
Tejerizo desestimó el argumento de la AMT de que no existía lesión actual por la falta de padrón. Consideró que la nota del 9 de octubre era “la indudable exteriorización del criterio” de la Comisión Directiva y que el agravio seguía vigente incluso después de la convocatoria a elecciones para el 3 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial el 26 de octubre.
Tampoco aceptó que la participación de Seguí en algunas asambleas la inhabilitara para promover el amparo: según el juez, no cuestiona esas decisiones sino una interpretación del estatuto. Dejó constancia de que participó en la asamblea extraordinaria que ratificó la reforma y aclaró que su validez no es materia del litigio.
Qué pasa ahora con el calendario electoral
La cautelar de la Cámara había aclarado que la suspensión no dejaba sin efecto la convocatoria y que el proceso podía reanudarse con nuevas fechas. La sentencia de Tejerizo, en tanto, no fija un nuevo cronograma. El dato que apremia es otro: los mandatos de la actual Comisión Directiva expiran el 15 de diciembre.
El recorrido judicial hasta el fallo
Tejerizo se inhibió el 15 de octubre por ser socio de la AMT, y el vocal Benjamín Moisá dispuso el día 26 que continuara con la causa. El 21 de octubre había rechazado la cautelar y Seguí lo recusó con causa. El 6 de noviembre convocó a una audiencia de conciliación que terminó sin acuerdo, porque según Seguí la cuestión no es conciliable. La sentencia no menciona la recusación.
