Un juez de Santiago del Estero volvió de licencia solo para firmar tres excarcelaciones y se fue de nuevo

La causa Fürth investiga un perjuicio millonario, pero los principales imputados ya están en libertad bajo caución. La atención ahora apunta a un movimiento del juez que nadie termina de explicar y que puede cambiar el eje de todo el caso.

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Un juez de Santiago del Estero volvió de licencia solo para firmar tres excarcelaciones y se fue de nuevo
Un juez de Santiago del Estero volvió de licencia solo para firmar tres excarcelaciones y se fue de nuevo

El magistrado habría interrumpido un viaje para intervenir en la audiencia que devolvió la libertad a los principales imputados de la causa Fürth y, apenas terminó, habría vuelto a pedir licencia. La secuencia, que por ahora circula como trascendido entre sectores vinculados a los damnificados, encendió todas las alarmas en Santiago del Estero.

Según las versiones que se difundieron en ese ámbito, Merino había pedido una licencia para viajar. Esa licencia habría quedado en suspenso para que el juez pudiera estar presente en la audiencia que definía la situación de Gerardo Caro, Matías Lladó y Graciela Moyano. Tras resolver las excarcelaciones, el magistrado habría solicitado nuevamente el permiso.

El punto no es menor: si esa secuencia se confirma con documentación, el episodio adquiere una gravedad mayúscula. Porque la duda ya no pasa solo por haber liberado a los imputados, sino por el movimiento administrativo que habría hecho un juez para regresar, resolver uno de los expedientes económicos más sensibles de la provincia y volver a apartarse de inmediato.

Una causa de $7.000 millones y tres libertades bajo caución

La investigación apunta a un perjuicio que ronda los $7.000 millones. La Fiscalía había pedido prisiones preventivas para los acusados. El expediente acumula pericias pendientes, movimientos patrimoniales, documentación comercial y una acusación de una dimensión económica que no tiene precedentes cercanos.

Pese a ese cuadro, los tres principales imputados quedaron en libertad mediante cauciones: $70 millones para Caro, $70 millones para Lladó y $20 millones para Moyano. La comparación es inevitable: frente a una cifra cercana a los $7.000 millones, esos $70 millones representan apenas alrededor del 1%.

Semejante contraste no puede pasar desapercibido en una sociedad que ve cómo una causa gigantesca termina, al menos por ahora, con sus principales acusados fuera de prisión.

El capítulo que opaca todo lo demás

Pero incluso ese dato queda en segundo plano cuando se mira la cuestión de la licencia. Si Merino estaba efectivamente de licencia y volvió solo para resolver esta causa, la Justicia debe explicar por qué. Si suspendió formalmente ese permiso, hay que saber quién lo autorizó y con qué fundamento. Y si volvió a pedirlo apenas terminó, también corresponde una explicación.

No se trata de que tomar licencia sea irregular. El problema es que la secuencia resulta demasiado sensible como para esconderla detrás de tecnicismos.

Damnificados evalúan avanzar contra el magistrado

La situación se vuelve aún más delicada porque los damnificados estarían analizando avanzar por los mecanismos institucionales correspondientes, incluso promoviendo un pedido de juicio político o remoción contra el juez.

En ese escenario, la licencia deja de ser un dato periférico y se convierte en el centro del escándalo.

Lo ocurrido con Fürth ya no puede reducirse a una discusión técnica sobre riesgos procesales. Ahora lo que está en juego es la confianza pública. Y esa confianza se resquebraja cuando una sucesión de hechos extraordinarios no encuentra una explicación igual de clara.

Porque a esta altura la pregunta ya no es solo qué pasó en Fürth. La pregunta es qué pasó dentro de la Justicia mientras se decidía Fürth. Y esa respuesta Santiago del Estero merece conocerla completa.

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