Un juez de Las Lomitas les dio a elegir entre cárcel o multa: la reacción que sacude a Formosa

Un fallo del Juzgado de Paz de Las Lomitas puso contra las cuerdas a un equipo periodístico de LN+ que investigaba la realidad socioeconómica de las comunidades originarias. La resolución del juez Omar Padilla les impone cinco días de arresto efectivo o el pago de multas de elevado monto, por la presunta falta de acreditaciones estatales y permisos locales para filmar y entrevistar en la vía pública. La medida desató un fuerte rechazo político y reavivó el debate sobre la libertad de prensa en la provincia.

Uno de los dirigentes que salió a cuestionar con más dureza la decisión fue el exconcejal de la capital formoseña Diego Herrera, quien advirtió sobre el trasfondo de la sanción y apuntó directamente contra el uso de la Justicia como herramienta de control.

"Un delirio autoritario"

Para Herrera, la exigencia de credenciales oficiales para ejercer el periodismo no tiene ningún sustento legal. "La exigencia de una supuesta 'autorización previa' o de un 'carnet estatal' para poder filmar o entrevistar en nuestra provincia es un delirio autoritario que busca reinstaurar la censura previa, algo totalmente desterrado de nuestra democracia", sostuvo.

El dirigente enmarcó la resolución en un contexto más amplio de tensión institucional y denunció que la medida vulnera derechos garantizados por la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos. "Estamos ante un hecho de una gravedad institucional inusitada", afirmó.

La pulseada entre la Constitución y el código de faltas

El eje jurídico del conflicto pasa por la jerarquía de las normas. Desde la oposición sostienen que ningún código contravencional puede quedar por encima de la libertad de expresión consagrada en el artículo 14 de la Constitución. Herrera fue tajante al respecto: "Ninguna normativa local o código de faltas puede estar por encima del artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza la libertad de publicar las ideas por la prensa sin censura previa. Condenar a trabajadores de prensa por buscar información es un golpe al corazón de las instituciones y un intento explícito de disciplinar a quienes se atreven a mostrar lo que el poder central quiere ocultar".

Las sospechas sobre el juez Padilla

Las críticas no apuntan solo al contenido del fallo. También cuestionan la imparcialidad del magistrado, señalando su pasado como militante de la fuerza política que gobierna la provincia y su designación en el cargo durante los primeros meses de 2025. Para los impugnadores, la resolución responde más a una lógica de alineamiento con el Ejecutivo provincial que al apego a los principios constitucionales.

El derecho a estar informados

En el tramo final de su pronunciamiento, Herrera corrió el foco de los periodistas afectados hacia la sociedad en su conjunto. "La libertad de expresión no pertenece a los periodistas, pertenece a los ciudadanos que tienen el derecho de estar informados. Si permitimos que el Estado decida quién puede y quién no puede preguntar en Formosa, habremos entregado lo último que nos queda de democracia volviendo a las épocas oscuras de la dictadura", advirtió.

El exconcejal expresó su solidaridad con los integrantes del equipo sancionado —Micaela Urdinez, Lautaro Guillamondegui, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán— y pidió un monitoreo permanente desde la sociedad civil y el Poder Legislativo para frenar lo que considera prácticas abusivas contra la labor periodística.

Fuente: Expresdiario