Un informe técnico reveló una falla crítica en un edificio judicial: ¿Qué podría pasar si no actúan en 72 horas?

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) solicitó el cierre inmediato del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 tras un informe que advierte sobre riesgos eléctricos graves. El diagnóstico de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) describe instalaciones deterioradas e inseguras, con posibles consecuencias de alto riesgo para la seguridad física.

El pedido fue elevado a la presidenta del tribunal, la jueza Carina Farias, y se basa en un informe técnico que no deja lugar a dudas. Según EDET, las acometidas del edificio presentan un avanzado estado de deterioro y no reúnen condiciones de seguridad para su funcionamiento.

La empresa distribuidora fue clara en sus conclusiones: las instalaciones “se encuentran deterioradas e inseguras para la operación”. Esto implica un riesgo generalizado en toda la estructura eléctrica, no un simple desperfecto puntual.

¿Qué riesgos concretos identificó el informe?

EDET alertó que, en las condiciones actuales, “bajo circunstancias no deseadas” podrían producirse accidentes de electrocución y/o incendios. Esta advertencia técnica eleva la gravedad del problema, poniendo en peligro tanto al personal como al público que transita diariamente por el edificio.

Como parte de sus recomendaciones, la empresa fijó un plazo de 72 horas para la normalización de la acometida eléctrica. En caso de incumplimiento, dejó abierta la posibilidad de interrumpir el suministro, lo que paralizaría por completo la actividad del tribunal.

¿Qué antecedentes llevaron a esta situación crítica?

Según la presentación gremial, en las últimas semanas se registraron reiterados cortes de energía originados en fallas internas del edificio ubicado en Crisóstomo Álvarez y Chacabuco. Aunque el servicio fue restituido en cada ocasión, la recurrencia de los problemas confirmó que el sistema eléctrico opera al límite de su capacidad.

La UEJN, en ese contexto, decidió avanzar con un planteo de máxima: el cierre preventivo del edificio y la adopción de un esquema de trabajo remoto. La solicitud está firmada por el secretario general Julio Piumato, la secretaria gremial Mara Fernández, el subsecretario gremial Mauricio Squadrato y el secretario regional adjunto Ignacio García Mena.

Los representantes gremiales invocaron la necesidad de preservar la salud y la seguridad de trabajadores y ciudadanos. Remarcaron que la situación no solo compromete a quienes se desempeñan en el tribunal, sino también a cualquier persona que ingrese o circule por el lugar.

La combinación de instalaciones eléctricas defectuosas y alta circulación diaria configura, según advierten, un escenario de riesgo inaceptable. En paralelo, la Intendencia de la Cámara Federal ya había reconocido la existencia de problemas en el suministro, lo que refuerza la consistencia del diagnóstico técnico.

Sin embargo, la falta de una solución estructural aceleró el reclamo gremial y lo llevó a plantear una medida excepcional. La crisis edilicia en la Justicia Federal escaló a un punto crítico, con un informe que deja poco margen para la inacción.