Un informe reveló fuertes desigualdades entre las defensorías del pueblo en todo el país

Un informe advirtió sobre las fuertes desigualdades existentes entre las Defensorías del Pueblo de las distintas jurisdicciones del país. El estudio, elaborado por el Observatorio del Control Público de Fundación Éforo, reveló vacancias institucionales, falta de acceso digital y desiguales niveles de financiamiento.

El relevamiento abarcó las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Entre las principales conclusiones, se señaló que en Mendoza, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y La Pampa directamente no existe la figura del Defensor del Pueblo. En Tierra del Fuego, la situación institucional aparece como “incierta”.

¿Qué pasa a nivel nacional?

A nivel nacional, el Congreso lleva 17 años sin designar al Defensor del Pueblo de la Nación, un cargo previsto por la Constitución Nacional para el control de la administración pública y la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Según el trabajo, actualmente hay 13 provincias que no cuentan con financiamiento identificable para la función defensorial. De ellas, siete sí tienen defensorías pero sin partidas presupuestarias específicas, y otras seis directamente carecen del organismo. Esta situación deja a más de 12 millones de argentinos sin acceso garantizado a este mecanismo de control ciudadano.

Concentración de recursos

El estudio también remarcó la fuerte concentración de recursos en pocas jurisdicciones. CABA, Santa Fe y Buenos Aires reúnen cerca del 91% de los recursos subnacionales destinados a las Defensorías del Pueblo.

En paralelo, el informe indicó que la Defensoría del Pueblo de la Nación presenta uno de los niveles de financiamiento más bajos del país. Para 2026, la asignación presupuestaria nacional representa unos $330 por ciudadano, un monto ampliamente superado por varias provincias.

“La Defensoría del Pueblo de la Nación invierte el monto más bajo de todo el país. Incluso provincias como Chaco y Córdoba, con presupuestos acotados, destinan 50% más por ciudadano que Nación”, sostuvo Carla Pitiot, directora del Observatorio del Control Público.

En la misma línea, agregó: “Si el discurso es defender a la gente, que se vea en el presupuesto: sin recursos no hay defensa posible de los derechos”.

Otro de los puntos señalados por el estudio fue la falta de mecanismos de paridad de género. Según el informe, ninguna de las normas de creación de las defensorías del país contempla explícitamente el cupo de género en la designación de sus autoridades.