Un hombre fue imputado por intentar matricularse como enfermero con un título apócrifo

La Fiscalía formuló cargos contra un sujeto de Concepción por el delito de uso de documento falso. El imputado había presentado un título de enfermería adulterado ante la Dirección de Fiscalización Sanitaria para obtener su matrícula profesional. Su defensa solicitó y obtuvo la suspensión del juicio a prueba por dos años.

En una audiencia desarrollada este martes, el Ministerio Público Fiscal avanzó con la imputación de un hombre oriundo de Concepción, acusado de utilizar un documento público falsificado. El hecho, calificado legalmente como un atentado contra la fe pública, se remonta a finales del año 2022.

Según la causa, el 12 de diciembre de 2022, el individuo se presentó en las oficinas de la Dirección General de Fiscalización Sanitaria (SI.PRO.SA), específicamente en la División de Registros y Matrículas. Su objetivo era gestionar la matrícula que lo habilitara para ejercer como Enfermero Profesional. Para cumplir con el trámite, exhibió un título que, en apariencia, había sido expedido por la institución terciaria ATSA. La investigación posterior determinó que el hombre no era egresado ni había obtenido grado alguno de ese establecimiento educativo.

El hallazgo de las irregularidades

La situación despertó sospechas al interior del organismo, lo que derivó en la apertura de un expediente interno apenas dos días después, el 14 de diciembre. El análisis forense del documento presentado arrojó resultados concluyentes: el título no estaba confeccionado en el soporte oficial que utiliza el Ministerio de Educación de la Nación para sus certificados. Una inspección más detallada reveló otra anomalía crucial. Los sellos que deberían estar estampados sobre el papel formaban parte de la misma impresión que el resto del texto, una característica propia de las falsificaciones. Estas pruebas permitieron establecer de manera categórica que se trataba de un instrumento apócrifo.

Beneficio condicional y reparación económica

Durante la audiencia de imputación, la defensa técnica del acusado formuló un pedido formal para acceder al beneficio de la suspensión del juicio a prueba, comúnmente conocida como probation. Solicitaron que este período de prueba se extendiera por un plazo de dos años, durante los cuales el imputado quedaría bajo la supervisión de la Oficina de Probation y debería cumplir con las reglas de conducta que se le impusieran.

La jueza interviniente hizo lugar al pedido del Ministerio Fiscal y concedió el beneficio. Entre las condiciones establecidas, se ordenó al imputado, identificado como Moreno, que deposite la suma de $400.000. Este monto actúa como una reparación económica, considerando que la parte damnificada en este caso es la Administración Pública. Además, deberá acatar todas las medidas adicionales que disponga el organismo de control para mantener vigente el beneficio de la probation.

FUENTE: MPF