Un histórico hotel de Salta, a pasos de la Plaza 9 de Julio, al borde del cierre: ya pagó 68 millones en indemnizaciones

Fundado en 1971, el Hotel Provincial Plaza, ubicado en Caseros y 20 de Febrero, enfrenta un futuro incierto. Su dueño, Carlos Issa, ya desembolsó 68 millones de pesos en indemnizaciones a empleados que lo bloquearon en 2021, y la cifra podría escalar a 100 millones. El problema: la Justicia penal imputó a los trabajadores por exceder el derecho de huelga, pero la Justicia laboral sigue fallando a favor de ellos.

¿Qué pasó con el hotel?

En 2021, un grupo de empleados bloqueó el acceso al hotel durante un conflicto salarial. La protesta, según la Justicia penal, incluyó daños materiales y turbación de la posesión, lo que excede el marco protegido por el derecho de huelga. Sin embargo, los trabajadores iniciaron juicios laborales que ya obligaron al pago de millonarias indemnizaciones.

El abogado Pablo Abdón Torres Barthe, asesor del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), denunció una "falta de coordinación" entre los fueros penal y laboral. "La justicia laboral va a una velocidad y la justicia penal va a otra", explicó. Mientras el fuero penal aún no juzga a los responsables del bloqueo, el laboral ya ordenó pagos por 68 millones de pesos, actualizados por inflación.

¿Puede cerrar el hotel?

Torres Barthe advirtió que quedan 7 juicios laborales pendientes que podrían elevar la deuda a 100 millones de pesos. "El empresario no tiene margen para pagarlo", afirmó. Si esos juicios se resuelven antes de la sentencia penal, el hotel podría cerrar definitivamente. Por eso, el letrado reclamó que se fije cuanto antes la fecha del juicio oral para que la Justicia penal determine que el bloqueo "no es un derecho a huelga sino un delito".

El abogado recordó que el juez Diego Nicolás Rodríguez Pipino ya definió que el derecho de huelga no ampara "actos como daños materiales ni turbación de la posesión". Sin embargo, el fuero laboral "está diciendo lo contrario", según Torres Barthe.

La postura de los empleados

Por otro lado, Nicolás Corregidor, abogado de 15 de los 17 empleados despedidos, buscará en la audiencia de este miércoles el sobreseimiento de sus representados. Sostuvo que la investigación penal fue mal conducida y que parte de los acusados ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos. Además, señaló que el conflicto ya tuvo resoluciones laborales favorables para los trabajadores.

Torres Barthe, en tanto, destacó que el caso es "un precedente importante en el norte del país" para el MEAB, que sigue de cerca el proceso.