Un hackeo expuso al Senado y ahora Mendoza quiere blindar al Estado

El 24 de julio pasado, el sitio oficial del Senado de Mendoza apareció intervenido con una imagen del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y acusaciones contra la Justicia argentina. El episodio volvió a exponer la fragilidad de los sistemas públicos y, poco más de un mes después, la Legislatura provincial avanza con un proyecto que apunta a establecer reglas comunes para prevenir ciberataques y proteger la información del Estado.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, ya tiene media sanción de la Cámara alta y este martes recibió despacho favorable de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados. Su objetivo es crear una política provincial de ciberseguridad que alcance a los tres poderes del Estado y también a las empresas privadas que prestan servicios tecnológicos.

Cómo funcionaría el nuevo esquema

La propuesta busca que los organismos públicos dejen de manejar cada incidente de manera aislada y pasen a integrar un esquema común de detección, prevención y respuesta. Entre las obligaciones previstas figura la de informar ataques, fallas de seguridad o vulnerabilidades que puedan comprometer sistemas estatales, un requisito que también aplicará a los proveedores tecnológicos contratados por la Provincia.

La norma contempla penalidades ante incumplimientos, con especial atención a los casos en que un organismo o una empresa oculte un problema de seguridad capaz de afectar información sensible o servicios públicos.

El proyecto también plantea la creación de un organismo encargado de definir la estrategia provincial en ciberseguridad y de elaborar un plan general para toda la administración pública. Se sumarán equipos técnicos dedicados a vigilar amenazas y a responder ante incidentes concretos.

Qué pasó con el hackeo al Senado

El ataque del 24 de julio mantuvo intervenida la portada del sitio del Senado durante varias horas. Un usuario identificado como bl33dr00t se atribuyó la acción en la red social X. En ese momento no se informó oficialmente si la intrusión se limitó a la página pública o si también hubo acceso a información interna, bases de datos u otros sistemas de la Legislatura.

Ese caso es justamente el tipo de situación que la nueva ley intenta ordenar: que un incidente sea detectado, reportado, registrado y analizado bajo un mismo protocolo, con responsabilidades definidas de antemano.

Qué sectores tendrán mayor protección

El proyecto distingue sistemas considerados especialmente sensibles por su vínculo con servicios esenciales. Allí aparecen áreas de salud, educación, seguridad, Justicia e identidad digital, además de los sistemas de finanzas provinciales y administración pública. La intención es reforzar la protección de esa infraestructura crítica para que, ante un ataque, los servicios puedan sostener su funcionamiento o recuperarse con rapidez.

En paralelo, se pondrá en marcha el Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad, donde quedarán asentados los episodios que afecten al Estado. Esa información permitirá detectar fallas recurrentes y ajustar las medidas de prevención, aunque los detalles que puedan exponer puntos débiles o facilitar nuevos ataques quedarán bajo reserva.

Qué pasa con los datos de los ciudadanos

La propuesta introduce reglas para proteger los datos que administra el Estado provincial, con criterios de seguridad para su uso, conservación e intercambio entre organismos. También habilita un mecanismo para que especialistas o ciudadanos puedan advertir al Estado cuando encuentren una falla, aunque los detalles técnicos no podrán difundirse si existe riesgo de que sean utilizados para nuevos ataques.

El proyecto contempla, además, capacitaciones para agentes públicos y campañas para mejorar las prácticas de seguridad digital entre la población.