Un gremio judicial metió a una jueza de Río Gallegos en el caso Báez y el TSJ sigue en silencio
Política · Santa Cruz

Un gremio judicial metió a una jueza de Río Gallegos en el caso Báez y el TSJ sigue en silencio

Un documento que circula públicamente menciona a una jueza de Río Gallegos en el marco de la causa federal por Báez. El gremio judicial lo llevó al TSJ y espera una respuesta que todavía no llega. ¿Qué dice ese material?

La Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz llevó al Tribunal Superior de Justicia un documento que circula públicamente y que, según la entidad, menciona a una magistrada del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Gallegos. El sindicato pide una aclaración institucional y advierte que la transparencia debe regir para todos los escalafones del Poder Judicial.

El planteo se dio a conocer mediante un comunicado difundido en las redes sociales de Judiciales Santa Cruz. Allí la conducción gremial indicó que puso la situación en conocimiento del máximo tribunal provincial y manifestó su inquietud por la ausencia de explicaciones públicas.

El trasfondo es un expediente federal de alcance nacional vinculado al empresario santacruceño Lázaro Báez. De acuerdo con lo que informó el propio sindicato, el material que tomó estado público contiene una referencia a la titular del Juzgado de Instrucción N.º 2 de la capital provincial.

La consigna y el pedido del gremio

Bajo la frase «La transparencia también es para todos», la organización cuestionó que la repercusión del caso no haya venido acompañada de precisiones oficiales sobre el señalamiento que involucra a la magistrada.

«¿No merece esta situación, al menos, una aclaración institucional?», planteó el gremio en su publicación.

Al mismo tiempo, desde la asociación se ocuparon de marcar los límites de su reclamo: aclararon que no se trata de una acusación contra la funcionaria judicial ni de una atribución de responsabilidades.

«No estamos formulando acusaciones ni adelantando responsabilidades. Consideramos que corresponde a las autoridades competentes esclarecer el contexto de la información difundida», sostuvieron.

El sindicato remarcó además que los criterios de transparencia deben aplicarse sin distinciones de cargos ni jerarquías dentro del Poder Judicial.

Qué se sabe de la causa federal

El reclamo gremial se produce en medio de nuevas actuaciones de la Justicia Federal relacionadas con Báez. El 13 de noviembre de 2026, el Ministerio Público Fiscal de la Nación informó que la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo de Julio Zárate, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) formalizaron imputaciones contra 16 personas en dos investigaciones conexas.

Una de esas líneas investiga presuntas maniobras de lavado de activos y administración de bienes vinculados al empresario desde su lugar de detención. La otra apunta a una presunta organización dedicada al narcotráfico en territorio santacruceño.

Sin embargo, la información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal no permite corroborar la referencia a la magistrada provincial que señaló Judiciales Santa Cruz. El comunicado gremial tampoco precisa el contenido ni el alcance de esa mención.

Los interrogantes que quedan abiertos

El planteo deja varias preguntas sin responder: qué dice exactamente la documentación mencionada por el sindicato, en qué contexto aparece y si las autoridades provinciales intervendrán para esclarecer la situación.

Por ahora, el texto difundido por la entidad no permite establecer que exista una imputación, una denuncia judicial o una investigación contra la magistrada mencionada.

El gremio insistió en la necesidad de obtener respuestas institucionales y cerró su mensaje con una definición: la sociedad santacruceña merece una Justicia que genere confianza.

La cuestión central pasa por conocer el contenido de la documentación señalada y por saber si el Tribunal Superior de Justicia brindará alguna aclaración sobre el planteo de la asociación gremial.

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