Un funcionario fue a controlar Cerro Negro y terminó necesitando una orden judicial para entrar

El coordinador de las Delegaciones de Trabajo Zona Norte de Santa Cruz, Sebastián Santillán, cuestionó con dureza a la minera Newmont por los obstáculos para fiscalizar el yacimiento Cerro Negro y respondió a la preocupación de los proveedores locales.

El funcionario reveló que, durante el último operativo provincial, los inspectores no pudieron ingresar al predio. La situación derivó primero en la intervención policial y después en la necesidad de una orden judicial para que la comitiva pudiera concretar la inspección.

"Hay que dimensionar lo que ocurrió. Un organismo del Estado fue a ejercer una facultad de control y terminó necesitando una orden judicial para ingresar. Eso no puede naturalizarse", señaló Santillán.

El antecedente que marcó la discusión

El funcionario vinculó la situación actual con los hechos registrados en el yacimiento. Recordó que en abril de 2024 dos trabajadores perdieron la vida en Cerro Negro, un episodio que, según planteó, obliga a profundizar las medidas de prevención y los controles de seguridad laboral.

"Acá ya hubo trabajadores que fueron a cumplir su jornada y no regresaron a sus casas. Por eso no podemos banalizar un control ni presentar una inspección como si fuera una persecución. El Estado tiene la obligación de controlar y la empresa tiene la obligación de cumplir", remarcó.

Santillán indicó que, tras las inspecciones realizadas, el Gobierno provincial formuló observaciones y requerimientos de medidas correctivas. También detalló que se dispusieron ceses de tareas ante situaciones consideradas riesgosas y que se detectaron irregularidades que quedaron bajo análisis de los organismos provinciales.

El mensaje a los proveedores

La situación en Cerro Negro generó preocupación en la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA), que planteó inquietudes por el impacto que el conflicto podría tener sobre las empresas proveedoras y los trabajadores vinculados a la actividad.

Santillán reconoció esa inquietud y aseguró que la Provincia también busca que los proveedores santacruceños accedan a contratos y sostengan fuentes laborales. "Entendemos perfectamente la preocupación de los proveedores y queremos que tengan trabajo. Pero también esperamos que todos acompañen algo tan elemental como exigir seguridad y cumplimiento de las normas", sostuvo.

Para el funcionario, el desarrollo de la actividad minera y las condiciones en que se lleva adelante deben discutirse en conjunto. Inversión, empleo, participación de proveedores locales, producción y cumplimiento de las obligaciones legales y de seguridad no son objetivos incompatibles, según su postura.

La posición del Gobierno provincial

Santillán ratificó que la posición provincial no apunta a frenar la minería, sino a que las operaciones se desarrollen bajo las reglas vigentes. La Provincia busca inversión, producción y generación de puestos de trabajo, además de una mayor participación de empresas santacruceñas en la cadena de proveedores. Pero ese acompañamiento tiene como condición el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad.

"Las normas las tiene que cumplir Newmont de la misma manera que las tiene que cumplir cualquier ciudadano, cualquier comerciante o cualquier empresa. Ser una multinacional no otorga privilegios ni coloca a nadie por encima de la ley", afirmó.

Y cerró: "Queremos minería, inversión, producción, empleo local y proveedores santacruceños trabajando. Pero también queremos empresas responsables. No puede haber una regla para el ciudadano común y otra para una multinacional. En Santa Cruz las leyes y las normas se tienen que cumplir. Y por encima de todo está la vida de nuestros trabajadores".