Un fiscal de Andalgalá recibió amenazas tras una decisión clave: el comunicado que sacude a la Justicia
Dos fiscales de Instrucción Penal de Catamarca quedaron en el centro de una escalada de intimidaciones, y ahora la Asociación de Magistrados salió a respaldarlos. El comunicado apunta a un punto que excede a los funcionarios.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca expresó su "profunda preocupación" y su "más enérgico repudio" ante las amenazas e intimidaciones que recibieron los fiscales de Instrucción Penal Martín Camps y Luis Eduardo Córdoba Andreatta.
Uno de los episodios ocurrió en la sede de la Fiscalía de Andalgalá, donde Camps fue amenazado luego de que se le notificara a un hombre la prórroga de una medida de restricción de acercamiento hacia su expareja. El sospechoso fue detenido y quedó bajo investigación.
En su comunicado, la entidad remarcó que estas situaciones no afectan solo a los funcionarios involucrados, sino también al normal funcionamiento de la Justicia y a la independencia con la que deben desarrollarse las investigaciones penales.
"Cualquier forma de amenaza, presión o intimidación dirigida contra quienes ejercen funciones jurisdiccionales o de investigación penal" constituye, según la Asociación, una situación de especial gravedad.
La institución también manifestó su solidaridad y acompañamiento a Camps y Córdoba Andreatta, junto a sus respectivos equipos de trabajo, y reclamó que puedan desempeñar sus funciones "con plena libertad, seguridad y sin condicionamientos de ninguna naturaleza".
Las decisiones judiciales, ¿cómo deben cuestionarse?
En otro tramo del texto, la Asociación sostuvo que las decisiones de magistrados y funcionarios del Ministerio Público pueden ser cuestionadas cuando corresponda, pero exclusivamente mediante las vías institucionales y procesales previstas por la ley.
En esa línea, afirmó que las amenazas, intimidaciones u otros mecanismos de presión no son vías legítimas para discutir las decisiones adoptadas en el marco de una investigación.
Por último, la entidad destacó que la independencia judicial es un principio esencial del Estado de Derecho y señaló que quienes tienen a su cargo investigar delitos y promover la acción penal deben poder hacerlo "con absoluta libertad, responsabilidad y apego a las garantías constitucionales".
