Un fiscal allegado a Macri dejó firme el archivo de la causa por los USD 57.100 millones del FMI

Raúl Pleé, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal y hombre de extrema confianza de Mauricio Macri, desistió de impulsar la queja que buscaba revertir el cierre de la investigación por el endeudamiento récord con el Fondo Monetario Internacional. Con esa decisión, la causa por los 57.100 millones de dólares que se tomaron en septiembre de 2018 quedó clausurada de manera definitiva.

El expediente investigaba al expresidente junto a Luis "Toto" Caputo y Federico Sturzenegger. Los tres habían sido señalados por el fiscal de primera instancia, Franco Picardi, como parte de un presunto esquema defraudatorio. Pleé, en lugar de sostener la acusación, optó por no continuar el camino que había trazado el Ministerio Público Fiscal.

La causa ya había sido archivada en febrero de este año por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien resolvió que no existía delito. Esa decisión fue confirmada en septiembre por los camaristas porteños Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Los tres magistrados fueron designados por Macri. Ninguno de ellos atendió los planteos de Picardi ni del fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, que respaldaba la investigación.

El desistimiento que selló el final

Pleé desistió este miércoles de presentar "la queja contra la decisión que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto". En términos simples: rechazó insistir con el recurso para intentar revertir lo resuelto por Llorens y Bertuzzi. El fiscal, de marcada afinidad con el macrismo, argumentó: "No encuentro fundamentos para sostener que la investigación sobre los hechos del caso se encontrara incompleta ni que haya sido clausurada de manera prematura".

Y agregó que el recurso no mencionaba "diligencias probatorias que hayan sido propuestas en los términos del artículo 199 del rito, ni otras que puedan conducir a resultados útiles".

Picardi y Agüero Iturbe pretendían que se revirtiera el cierre dispuesto por los tres jueces nombrados por Macri. Pero Pleé rompió con esa línea de acción. "Sin diligencias probatorias pendientes de producción, independientemente de cualquier construcción retórica, la hipótesis de los fiscales recurrentes se revela equivocada", afirmó en su escrito de 28 páginas.

El fiscal fue incluso más lejos: en lugar de representar a la acusación pública, pareció defender a los imputados. "Demostraré que los supuestos incumplimientos de sus deberes por parte de ciertos funcionarios públicos señalados por la fiscalía de primera instancia fueron debidamente considerados por la jueza, cuyas conclusiones confirmó la cámara de apelaciones", sostuvo.

Por qué el caso ya no tiene quién lo recurra

El desistimiento de Pleé fue determinante porque, previamente, el gobierno de Javier Milei había corrido al Estado como querellante en el expediente. Al no haber querellantes, y con el fiscal ante la Casación fuera de la pelea, no quedó nadie que pudiera recurrir lo resuelto por la Cámara Federal porteña.

La actitud de Milei no fue casual: en este expediente estaban denunciados dos de sus ministros. Luis Caputo, actual ministro de Economía, fue secretario de Finanzas y presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri. Federico Sturzenegger, hoy ministro de Desregulación y Transformación del Estado, también presidió el BCRA.

Qué investigaba la causa

El fiscal Picardi había investigado un presunto esquema defraudatorio "pergeñado, coordinado y desarrollado —entre mayo del 2018 y septiembre del 2019— por funcionarios/as públicos/as del Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central en conjunto con agentes del sector privado".

La pesquisa se sostenía sobre tres ejes:

— Que se tomó una deuda insostenible sin cumplir con ninguna ley;

— Que ese endeudamiento sirvió para la fuga "en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público";

— Que esos miles de millones de dólares se administraron de forma "discrecional y/o fraudulenta", imposibilitando su control transparente y su trazabilidad.

Los responsables señalados por Picardi eran Macri, Caputo, Sturzenegger, Santiago Bausili (actual presidente del BCRA), Nicolás Dujovne, Guido Sandleris y otros funcionarios de segunda línea.

Pero Capuchetti hizo oídos sordos a los planteos del fiscal y archivó la causa por "inexistencia de delito" en febrero de este año, a la par que el gobierno de Milei corría a la Procuración del Tesoro como querellante.

Las pruebas que la jueza ignoró, según Picardi

Cuando Capuchetti archivó la causa, Picardi apeló. Consideró que la magistrada omitió "deliberadamente" pruebas y evidencias de lo que calificó como un enorme desfalco para el país y un negocio para unos pocos.

"La magistrada realiza una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas", sostuvo el fiscal en su reclamo por reabrir la investigación. Y agregó que hubo evidencia "ignorada deliberadamente por la magistrada".

Entre las pruebas que Capuchetti dejó de lado, según publicó Ari Lijalad en El Destape, figuran:

— El incumplimiento de la Constitución, la ley de Administración Financiera, la ley de Ética Pública y resoluciones del Ministerio de Economía. La jueza consideró que esas faltas eran cuestiones formales y subsanables. Picardi respondió que "reflejan la intención de los/as funcionarios/as del PEN y del BCRA de incumplir la normativa" para obtener el crédito en un plazo sumarísimo.

— La falta de intervención del Congreso Nacional.

— La falta de intervención formal del propio Macri.

— La falta de intervención del jefe de Gabinete Marcos Peña.

— La falta de intervención formal del entonces Ministerio de Finanzas y la incompetencia del Ministerio de Hacienda. Por la división que estableció Macri, el responsable de la deuda era Finanzas, pero todo lo manejó Hacienda.

— Un expediente simulado con posterioridad a la firma del acuerdo. Este punto es clave: según Picardi, tomaron la deuda con el FMI sin un solo papel e hicieron a posteriori "un expediente mediante el cual se intentó emular un proceso administrativo que en verdad se encontraba por fuera de los márgenes legales".

Picardi también le puso cifras al perjuicio. Señaló que "como consecuencia directa de todo este accionar, los/as funcionarios/as públicos/as a cargo del proceso descrito ocasionaron un perjuicio económico para el patrimonio público cuantificado en 29.618 millones de dólares por la Sindicatura General de la Nación".

En su apelación de febrero, el fiscal había sostenido que el archivo por "inexistencia de delito" no correspondía cuando existe "impulso fiscal y medidas de instrucción por ejecutar". También había pedido que se ordenaran nuevas medidas de prueba que la jueza no quiso disponer.

El fiscal de cámara Agüero Iturbe respaldó a Picardi. Pero Pleé rompió este miércoles con esa línea. "Es patente que el fiscal recurrente no logró refutar la argumentación desplegada por el tribunal de grado", aseguró. Y se hizo eco de las palabras de Capuchetti: "El Ministerio Público Fiscal tan solo se hizo eco, de manera general y abstracta, de información pública volcada en las denuncias".

Para terminar de sepultar el expediente, Pleé añadió este 14 de octubre: "Más allá de la necesidad de avanzar con la investigación, (el fiscal de primera instancia) no pudo explicar cómo hacerlo". Y cerró: "No se encuentran cumplidos los requisitos previstos para la admisibilidad del remedio intentado".

Con esa argumentación desistió del recurso de queja y dejó firme lo resuelto por Capuchetti.

Quién es Raúl Pleé

Pleé es uno de los fiscales más poderosos de Comodoro Py. Un histórico. Según publicó este medio en la saga "Operación Olivos", se reunió en secreto con Macri en la Quinta de Olivos —y todo indica que también con el entonces jefe de la SIDE, Gustavo Arribas— en marzo de 2018, cuando el referente del PRO era presidente.

Después de que se abriera una investigación interna en el Ministerio Público Fiscal por la difusión de esa visita, Pleé reconoció el encuentro. Ese episodio da cuenta del vínculo estrecho que tiene con Macri, que se remonta a su paso por la Comisión de Seguridad de Boca.

"Es cierto que en el mes de marzo de 2018, más precisamente el lunes 19, fui convocado —a través de su secretaria privada— por el entonces Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, a una reunión a desarrollarse en sus oficinas de la quinta presidencial de Olivos", reconoció Pleé en la nota que elevó al Procurador General interino Eduardo Casal el 13 de abril.

En su escrito, el fiscal ante la Casación sostuvo que "al aceptar esa invitación" de Macri "todavía no había sido publicado quién sería la persona que iba a ser propuesta para el cargo de Procurador General de la Nación". Y afirmó que "era de público conocimiento en el foro" que "podría ser yo un posible candidato a cubrir aquella vacante".

Según su relato, en el encuentro del 23 de marzo, Macri "me indicó los motivos de su elección en otra persona requiriéndome que, a pesar de no ser el elegido, permaneciera en mi cargo un tiempo más sin acogerme a los beneficios jubilatorios".

Poco después de esa reunión, el 26 de abril de 2018, Pleé pidió la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo. Al día siguiente, la Sala I de la Cámara de Casación ordenó las detenciones. Luego Pleé también benefició a Macri en otra causa, y no solo a Macri sino también a Arribas, el otro presente en Olivos. Nada menos que en una causa de espionaje ilegal: el caso que giraba en torno a Marcelo D'Alessio, involucraba al fiscal Carlos Stornelli y al juez ya fallecido Claudio Bonadio, y cuya terminal era la AFI.

La explicación oficial de Pleé dejó abiertos varios interrogantes. Por ejemplo: el fiscal ante la Casación concurrió a la casa del Presidente para hablar sobre la Procuración General cuando el propio Macri ya había anunciado en los días previos que su candidata para ese cargo era Inés Weinberg de Roca. ¿Qué explicación debía darle un Presidente de la Nación a un fiscal sin representación institucional? ¿Y encima con la presencia de Arribas, jefe de la AFI? Y si la reunión era tan pública y visible, ¿por qué el gobierno de Macri la omitió en la lista de ingresos que le envió entre fines de 2018 y principios de 2019 a la ONG Poder Ciudadano ante un pedido de información pública? El encuentro se dio nueve meses antes del envío de esa nómina.

Pleé siempre representó los mismos intereses en Comodoro Py. Intervino en causas clave como la denuncia del fiscal Alberto Nisman, la causa Dólar Futuro, la farsa de las Fotocopias de los Cuadernos, el desguace del Grupo Indalo y el D'Alessiogate, entre otras, donde siempre mantuvo una posición de blindaje hacia los acusados macristas y de persecución para con los kirchneristas.

Su accionar de este miércoles estuvo acorde a esos antecedentes.