Un fallo inesperado en Nueva York: ¿Qué pasó con la millonaria condena a la Argentina por YPF?

La Corte de Apelaciones de Nueva York revocó este viernes la sentencia que obligaba al país a pagar 16.100 millones de dólares. Por dos votos contra uno, los jueces dieron un giro total al caso de la expropiación de la petrolera estatal, marcando un precedente crucial para la soberanía jurídica argentina.

El tribunal del Segundo Circuito rechazó los principales argumentos de los fondos buitre Petersen y Eton Park, patrocinados por Burford Capital. Los magistrados Denny Chin y Sarah Merriam Robinson formaron la mayoría que cambió el rumbo del largo litigio.

¿Cuál fue el argumento clave que tumbó la demanda?

La decisión se basó en un punto fundamental de derecho argentino. Los jueces sostuvieron que los reclamos de los accionistas minoritarios “no son reconocibles según la ley argentina”. Esto significa que reconocieron que la expropiación de 2012 fue un acto discutido y avalado por el Congreso Nacional, realizado bajo la norma legal vigente en el país.

Este razonamiento lleva a una conclusión contundente: los estatutos de YPF no constituyen un contrato bilateral exigible entre el Estado y los inversores privados. En cambio, cumplen una función organizativa interna de la sociedad anónima.

Por lo tanto, no generan obligaciones contractuales que permitan reclamar daños por incumplimiento, como pretendían los demandantes. El fallo enfatizó que la Ley General de Expropiaciones regula de manera integral el proceso y desplaza cualquier reclamo de naturaleza contractual.

Una victoria que evita un descalabro económico

La anulación de la condena evita que la Argentina tenga que desembolsar una suma astronómica. Además, libra al país de un riesgo aún mayor: el embargo de activos estratégicos en el exterior, como los vinculados a Vaca Muerta.

El tribunal también desestimó otros argumentos legales presentados por los fondos, como el “promissory estoppel” o impedimento promisorio. Consideró que todas las pretensiones restantes de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecían de fundamento.

Esta resolución confirma la postura histórica mantenida por la Argentina durante distintos gobiernos: cualquier reclamo por la expropiación debe dirimirse en la justicia local, no en tribunales extranjeros.

La foto con la que Javier Milei celebró el fallo a favor de la Argentina en el caso YPF.

Un proceso judicial de más de una década

El fallo no fue unánime. El camarista José Cabranes disintió de sus colegas, aunque la mayoría prevaleció. El caso lleva más de diez años en los tribunales neoyorquinos, iniciado tras la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar la petrolera.

Los demandantes reclamaban una indemnización por no haberles pagado de la misma manera que a Repsol. Tras el fallo inicial de la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023, que condenaba al país, la Argentina inició una serie de apelaciones.

La apelación contra el fallo de Preska se presentó en septiembre de 2024. Recién en octubre de 2025 se realizó la audiencia de argumentos orales, donde ambas partes expusieron sus posiciones ante el tribunal.

La jueza Loretta Preska, magistrada que presidió el juicio contra el Estado argentino.

Hace apenas diez días, la misma corte había suspendido los procesos para activar embargos contra activos argentinos, una maniobra de los demandantes para intentar cobrar la sentencia. Con la decisión de este viernes, esas presentaciones quedan desestimadas y Preska deberá anular o reformular sus propias resoluciones anteriores.

Un dato no menor es que, a lo largo de este extenso proceso, el Gobierno argentino obtuvo el apoyo de Estados Unidos y otros países, que se presentaron como “amicus curiae” (amigos del tribunal) en distintos trámites, fortaleciendo la posición nacional.