Un error de tipeo de un renglón podría definir el futuro de 18 mil toneladas de basura en Tucumán

Un detalle burocrático aparentemente menor, como un renglón de más en un escrito judicial, amenaza con sepultar definitivamente la causa ambiental más sensible de Tucumán. La empresa propietaria del predio Pacará Pintado volvió a la Corte Suprema de Justicia de la provincia para intentar revertir una decisión que la deja atada de manos frente a las casi 18.000 toneladas de residuos que se pudren a cielo abierto.

Servicios y Construcciones La Banda SRL, dueña del terreno donde funciona la ex planta de transferencia, presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal provincial. La movida se da después de que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazara su pedido de revisión de la sentencia que le negó el traslado de esa montaña de basura a la planta de Overo Pozo.

¿Qué pasó con el famoso ‘renglón 27’?

El motivo del rechazo, que a simple vista parece un formalismo, es el corazón de la disputa. El tribunal consideró que el escrito de casación presentado por la empresa no cumplía con los requisitos de la Acordada 1.498/2018: en una de sus páginas había 27 renglones, cuando el límite es de solo 26. Ese error tipográfico, según las juezas Ana María José Nazur y María Felicitas Masaguer, fue suficiente para denegar el recurso y cerrar el debate en primera instancia.

Pero la abogada de la firma, Silvia Peyracchia, no se rinde. En su presentación ante la Corte, calificó la decisión de “exceso ritual manifiesto” y advirtió sobre la “trascendencia ambiental” del caso. “Sin perjuicio de la manifiesta insignificancia del error de composición tipográfica, resulta imprescindible tener por superado el déficit señalado”, argumentó, citando la misma acordada que autoriza a flexibilizar formas cuando están en juego derechos constitucionales como el de un medio ambiente sano.

Un problema que lleva más de una década

El origen de esta historia se remonta a octubre de 2020, cuando Servicios y Construcciones inició una acción judicial para exigir el cumplimiento de la resolución 002/14 del Consorcio Metropolitano para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). Según la empresa, ese documento obligaba al ente -integrado por municipios del Gran San Miguel de Tucumán- a limpiar la playa de transferencia de Pacará Pintado.

Los municipios, sin embargo, se opusieron. Con el respaldo de expertos, advirtieron que trasladar esos desechos a Overo Pozo podría generar un impacto ambiental aún mayor. Así comenzó un ida y vuelta judicial que ya lleva dos sentencias contradictorias.

En 2024, la Sala III hizo lugar a la demanda y fijó un plazo para retirar la basura. La empresa apeló y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que en septiembre de 2025 anuló esa resolución y ordenó un nuevo fallo. Ese nuevo veredicto, dictado por la Sala II en abril de este año, fue desfavorable para la firma. Y ahora, el rechazo de la casación por el “renglón 27” la obliga a recurrir otra vez al máximo tribunal.

Mientras tanto, las 17.943 toneladas de residuos que mencionó Peyracchia siguen acumulándose a cielo abierto en Pacará Pintado, en un proceso de descomposición que ya lleva más de una década. “El fallo dejó sin resolver el problema ambiental complejo planteado en la litis, de larga data y consecuencias nefastas al medioambiente”, sostuvo la letrada.

El futuro de esa montaña de basura es incierto. La Corte deberá decidir si acepta revisar el expediente o si, por un simple error de tipeo, el caso queda definitivamente cerrado. Mientras tanto, los vecinos y el medioambiente siguen esperando una solución.