Un empresario de la construcción, acusado de desbaratar contratos en los edificios Catamarán: su abogado rompió el silencio
Un empresario de la construcción quedó en el centro de una causa penal por unos departamentos en San Juan. Su abogado dice que todo se reduce a una deuda impaga y a una cláusula que muy pocos conocen. ¿Qué pasará con las viviendas?
La defensa del empresario de la construcción Iván Federico Goldstein salió a responder este jueves tras la formalización de una investigación penal en su contra por un presunto desbaratamiento de derechos acordados vinculado a departamentos de los edificios Catamarán, en San Juan. El abogado Rubén Pontoriero negó cualquier delito y sostuvo que el conflicto debe resolverse en la Justicia Civil.
La causa quedó formalizada este jueves por la Justicia Penal, según se informó en la audiencia. El expediente gira en torno a la rescisión de contratos por unidades de los edificios Catamarán, una decisión que la defensa justifica en una cláusula pactada entre las partes.
La versión de la defensa
En diálogo con un medio local, Pontoriero fue tajante: “No se ha cometido ninguna irregularidad ni ningún ilícito. Esta es una causa de tinte civil donde se está usando la jurisdicción penal para adelantar una decisión que corresponde a otro ámbito”.
Según el abogado, Goldstein ejerció una facultad prevista en los contratos al rescindir acuerdos por incumplimientos de pago. La controversia, insiste, es una disputa contractual y no una conducta penal.
El origen del conflicto
Pontoriero explicó que el caso se inició a partir de contratos y posteriores cesiones de derechos. Según su versión, Elías Daher fue quien originalmente contrató con Goldstein y luego cedió acciones y derechos a Carlos Icazati y Manuel González, vinculados a la cadena de supermercados Café América.
En esa operatoria, Daher habría asumido la obligación de cancelar una deuda de entre 240.000 y 260.000 dólares por cada departamento, suma que la defensa afirma que no fue abonada.
La cláusula que invoca la defensa
Frente a ese escenario, Goldstein habría aplicado una cláusula de rescisión incorporada en los contratos. Pontoriero la describió como un “pacto comisorio expreso”, figura jurídica que habilita a resolver el acuerdo si una de las partes no cumple con el pago pactado.
“Si no se paga, se resuelve”, resumió el abogado, quien agregó que su cliente “no hizo otra cosa que ejercer lo que la ley le otorga”.
Las dudas sobre los pagos y el futuro del expediente
La defensa también cuestionó la documentación presentada para acreditar supuestos pagos de las unidades y aseguró que no existen comprobantes contables que permitan confirmar esa cancelación. Además, puso en duda la validez de un documento usado después para realizar adendas contractuales y sostuvo que se trataría de un instrumento de “nulidad absoluta”, cuestión que, según indicó, ya se discute en la Justicia Civil.
La investigación penal tendrá un plazo de un año, según lo dispuesto en la audiencia de este jueves, mientras que la defensa espera que el expediente penal y la disputa civil se definan antes del vencimiento previsto para la entrega de las viviendas, fijado en 24 meses.
