Un edificio de lujo en pleno centro y una maniobra que dejó helados a los funcionarios

El gobierno de Santa Fe decomisó un edificio de tres pisos y 27 departamentos en pleno microcentro rosarino. El inmueble, ubicado en calle Buenos Aires al 1000, estaba vinculado a la causa de la megaestafa inmobiliaria y era utilizado para generar ingresos millonarios.

El operativo fue encabezado por Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión en Registros Provinciales, y Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional. Pero la toma de posesión no fue sencilla: durante la noche previa, un grupo de personas intentó ocupar el lugar por la fuerza.

¿Qué encontraron al llegar?

Unos 15 individuos ingresaron violentando los accesos con la intención de apropiarse del espacio. Según Figueroa Escauriza, "vinieron más de 15 personas anoche que se metieron a las habitaciones, barroteando las puertas para poder usurpar la propiedad".

El funcionario no dudó en calificar la maniobra como un intento de "aguantadero en pleno microcentro" y aseguró que todos fueron desalojados. "Toda esa gente que vino de muy mala fe a querer usurpar la propiedad fue desalojada", afirmó.

Un negocio redondo para los imputados

El edificio pertenecía a Leandro Pérez, imputado en la causa de la megaestafa inmobiliaria. Según las autoridades, los propietarios recaudaban unos 20 millones de pesos por mes mediante alquileres temporarios. "Cada día que pasaba era plata que recaudaban y es lo que nosotros queremos cortar", explicó Escauriza.

La notificación a los inquilinos se realizó hace más de un mes. Muchos alquilaban mes a mes, e incluso por períodos de 15 días, lo que evidencia una administración irregular para seguir percibiendo dinero ilícito.

Golpe al delito de guante blanco

Federico Angelini subrayó que esta acción forma parte de la política del gobernador Maximiliano Pullaro para desfinanciar a las organizaciones delictivas. "Vamos tras toda la cadena que cometen delitos, desde el narcomenudeo hasta los delincuentes de guantes blancos que se enriquecieron muchísimo", enfatizó.

El funcionario destacó que "los bienes están del lado correcto" y que los delincuentes "se quedaron sin el dinero que recibían".

¿Qué pasará con el edificio?

Tras el desalojo, las autoridades planean realizar un cerramiento completo y un relevamiento de las condiciones internas del inmueble. La idea es prepararlo para una subasta pública, que podría realizarse entre marzo y abril del año próximo.

"La prepararemos para la próxima subasta en la ciudad de Rosario", concluyó Escauriza.