Un dogo lo cambió todo: la Justicia ya sabe quién paga los $20 millones

Una caminata por una calle de Vicente López terminó en el asfalto para una jubilada de 75 años. Un dogo argentino se le abalanzó y la tiró al piso. Las heridas fueron graves y el caso llegó a la Justicia, que años después resolvió quién debe hacerse cargo del resarcimiento: la heredera del dueño del perro y una aseguradora deberán pagar $20.480.000.

El propietario del animal enfrentó una causa penal que se cerró en 2024, después de su muerte. Aun así, el reclamo civil siguió su curso y el juzgado concluyó que las pruebas alcanzaban para vincular al dogo con la caída de la mujer.

Qué pasó aquel día y cómo quedó la jubilada

La mujer sostuvo desde el principio que el dueño del perro no hizo nada para evitar el incidente. Tras el fallecimiento del hombre, la demanda se extendió contra su legataria, y una compañía de seguros quedó citada en garantía por la cobertura del animal.

La aseguradora y la heredera rechazaron la versión de la demandante. Aseguraron que el dogo caminaba con correa y bozal, y plantearon que la jubilada —que se movilizaba con bastón— se cayó por un tropiezo propio, sin que el animal interviniera.

El expediente, sin embargo, sumó material que respaldó el relato de la mujer: las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios incorporados fueron clave, según la resolución judicial.

Las secuelas fueron serias. Una pericia médica estableció una incapacidad física parcial y permanente superior al 40%, con compromiso de cadera, y síntomas psicológicos ligados al episodio.

La defensa intentó desacreditar el informe y sugirió que podían existir problemas óseos anteriores. La evaluación médica, de todos modos, determinó que el accidente provocó o agravó una condición que hasta ese momento no se había manifestado clínicamente.

Por qué la heredera debe responder

El juzgado civil aplicó el régimen de responsabilidad objetiva por daños causados por animales. Con ese criterio, no hace falta probar que el dueño actuó con negligencia: basta con acreditar el daño y su relación con el animal, salvo que se demuestre una causa ajena que exima de responsabilidad.

Para el tribunal, las pruebas reunidas permitían establecer la intervención del dogo y no se había acreditado ninguna causa que liberara a la parte demandada.

La indemnización quedó fijada en $20.480.000, a valores considerados en la sentencia. El monto abarca la incapacidad física, los gastos médicos y de traslado, los tratamientos de rehabilitación y psicológicos, y el daño moral. A eso se le sumaron intereses.