Un docente acusado en falso se quitó la vida: el proyecto que nació de ese caso ya es ley

La Cámara de Diputados de Santa Cruz convirtió en ley este jueves la denominada “Ley Facu”, una iniciativa impulsada por la diputada Adriana Nieto que crea la figura del “Acompañante como vínculo socioafectivo al Docente”. La norma fue aprobada durante la 11° Sesión Ordinaria y está destinada a trabajadores de la educación que atraviesan investigaciones sumarias, sumarios u otros procedimientos administrativos.

En la sesión estuvo presente Graciela Riquelme, mamá de Facundo Díaz, el profesor de música que se suicidó en 2019 después de haber sido acusado falsamente de abusar de un menor en un jardín de infantes. Su caso fue incorporado a los fundamentos del proyecto como antecedente directo del mecanismo de acompañamiento.

Un acompañante desde antes de la notificación

Según establece la ley, cada docente podrá designar un vínculo socioafectivo que lo acompañe durante todo el proceso administrativo. Esa persona deberá estar presente desde el momento previo a la notificación de la investigación o sumario y en las distintas instancias de las actuaciones. El vínculo podrá modificarse cuando el docente lo considere necesario y sus datos quedarán registrados en el cuaderno de notificaciones correspondiente.

La norma dispone que, desde la notificación y durante la tramitación del expediente, se resguarden los derechos del trabajador de la educación. Uno de los puntos centrales es la activación de un protocolo de acompañamiento, cuidado, protección jurídica y terapéutica para docentes de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Terciario.

El equipo estará integrado por abogados y psicólogos, que deberán acompañar al docente durante el proceso administrativo y judicial hasta su resolución, con la autarquía prevista por la normativa. Además, el salario del docente no podrá verse afectado mientras dure el proceso y siga pendiente su resolución.

El caso que impulsó la norma

En los fundamentos del proyecto, los autores señalaron que existen docentes sometidos a investigaciones sumarias y sumarios que pueden extenderse durante años. Según el texto, algunos procedimientos llevan entre cuatro y ocho años sin resolución, con trabajadores que permanecen alejados de sus puestos.

La iniciativa sostiene que la extensión de esos procesos puede generar un deterioro humano, económico y psicológico, además de afectar el ámbito educativo. También plantea la necesidad de garantizar el principio de inocencia, al considerar que es la Justicia la que debe determinar la responsabilidad penal de una persona y, eventualmente, establecer las sanciones correspondientes.

En ese marco, los fundamentos recuperan el caso de Facundo Díaz, a quien califican como “doblemente víctima”: por la condena pública frente a un hecho que, según el proyecto, nunca tuvo una resolución judicial, y por la falta de medidas de contención y acompañamiento institucional.

“Es nuestra intención, que por esta norma, esta situación no se repita”, señala el texto aprobado por la Legislatura provincial.

El proyecto fue firmado por los diputados Adriana Nieto, Cristian Ojeda y Claudia Urrutia y quedó convertido en ley durante la 11° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de Santa Cruz.