Un disparo policial le costó un ojo: la Provincia deberá pagarle $145 millones a un joven de Bariloche

La Justicia Contencioso Administrativa de Río Negro condenó a la Provincia a indemnizar con más de 145 millones de pesos a Nehuen Marileo, el joven de Bariloche que perdió el ojo derecho tras recibir un disparo de escopeta antitumulto durante un operativo policial en 2018. El fallo, de primera instancia, aún puede ser apelado por el Estado.

El hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2018 en el barrio 2 de Abril, cuando la policía llegó a una vivienda tras una denuncia telefónica. En el lugar había cuatro jóvenes que, al ver a los efectivos, corrieron hacia el fondo del terreno. Uno de ellos efectuó disparos, pero se comprobó que Marileo, que entonces tenía 16 años, estaba desarmado.

El cabo Javier Velozo disparó una escopeta antitumulto a una distancia de entre 3 y 5 metros, según las pericias. El proyectil impactó en el rostro del adolescente, que perdió el ojo derecho. En 2021, Velozo fue condenado en sede penal a dos años de prisión en suspenso y tres de inhabilitación por lesiones graves.

El fallo penal y la responsabilidad del Estado

En el juicio penal se determinó que el policía actuó "de manera contraria a la ley", ya que la víctima "no portaba armas ni representaba una amenaza". También se subrayó que Velozo "incumplió los protocolos", porque a menos de 15 metros esa munición puede ser letal.

Con ese antecedente, Marileo reclamó un resarcimiento económico ante el Contencioso Administrativo. La demanda inicial fue por 23 millones de pesos, pero el juez Iván Sosa Lukman resolvió hacer lugar al reclamo y fijó una indemnización de 145.806.465 pesos, más costas, honorarios e intereses acumulados desde la fecha del hecho.

La Fiscalía de Estado había negado todos los hechos y alegado que el cabo actuó en legítima defensa, ya que del grupo de jóvenes se efectuaron al menos tres disparos. Sin embargo, el magistrado rechazó ese descargo y sostuvo que "el Estado debe responder por la prestación irregular de un servicio público".

El daño y las consecuencias para la víctima

El juez citó dictámenes médicos y psicológicos que documentaron la discapacidad del joven y el "cambio de vida y desenvolvimiento social" que padeció. Los informes señalaron "elevados niveles de ansiedad, angustia, depresión e ira", además de "miedo al futuro, pesadillas, retracción y dificultades vinculares".

Por la incapacidad resultante, el juez fijó un resarcimiento de 137,11 millones de pesos, con un interés del 8% desde la fecha del hecho. A eso se sumaron 7 millones por daño moral, más daño estético y psicológico, y 939.000 pesos para gastos de psicoterapia.

Al momento de definir la condena, Sosa Lukman también valoró que la víctima era menor de edad al momento del hecho, por lo que estaba alcanzado por una "tutela especial" derivada de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.