Un diputado presentó un proyecto que podría cambiar para siempre cómo se designan los cargos públicos: ¿qué es lo que nadie te está contando?

Un proyecto de ley busca erradicar el nepotismo en los tres poderes del Estado con restricciones estrictas y sanciones severas. La iniciativa, presentada por el diputado Ricardo Lissalde de Fuerza Patria, propone prohibir la designación de familiares en cargos públicos y cerrar mecanismos de elusión.

El eje central de la propuesta es la prohibición de nombrar parientes dentro de un amplio rango de vínculos. Esto incluye cónyuges, convivientes y familiares en línea directa, colateral o por afinidad hasta el tercer grado inclusive.

La medida alcanza a funcionarios con jerarquías iguales o superiores a director, jefe o asesor. Esto amplía significativamente el alcance dentro de la estructura estatal.

¿Cómo se busca cerrar las puertas giratorias?

La iniciativa apunta específicamente a cerrar mecanismos utilizados para eludir controles. Se busca impedir que funcionarios coloquen familiares en otras áreas del Estado como forma indirecta de sortear restricciones.

Otro punto relevante es la regulación de las relaciones jerárquicas. Se prohíbe que un funcionario tenga bajo su supervisión directa a un familiar cercano. En esos casos, la autoridad deberá disponer traslados sin afectar la categoría del trabajador.

¿Hay excepciones a la regla?

El proyecto contempla algunas excepciones importantes. Por un lado, excluye a los cargos políticos y a las contrataciones transitorias, aunque establece que esos vínculos deberán finalizar junto con el mandato del funcionario que los designó.

También se fijan criterios para determinar cuándo no se configura nepotismo. Quedan exceptuados quienes ya trabajaban en el Estado antes de la asunción del funcionario, quienes accedieron mediante concursos públicos de oposición y antecedentes, y aquellos que llegaron a sus cargos a través de elecciones.

¿Qué pasa si no cumplen?

La propuesta incluye un régimen de sanciones para quienes incumplan la norma. Los infractores podrían enfrentar responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales.

Asimismo, el Poder Ejecutivo tendría facultades para impulsar sumarios o realizar denuncias en caso de detectar irregularidades.

¿Qué dijo el autor del proyecto?

En los fundamentos, Lissalde definió al nepotismo como una “forma de abuso de poder” que afecta la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público y deteriora el funcionamiento del Estado.

“Esta práctica genera un conflicto entre intereses personales y el interés colectivo, y contradice el principio de igualdad establecido en la Constitución”, sostuvo el diputado.

¿En qué se basó la iniciativa?

El proyecto retoma experiencias de otras provincias argentinas como Río Negro, Jujuy y Mendoza, que ya cuentan con regulaciones similares. También incorpora ejemplos de legislación internacional donde se priorizan criterios de mérito, transparencia y concursos públicos.