Un diputado catamarqueño se aferra a sus fueros: el recurso que presentó para frenar el desafuero

El diputado provincial Javier Galán (MID) no se queda quieto. Su defensa presentó un recurso de casación contra la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos que había confirmado el pedido de desafuero en su contra por el presunto delito de peculado de trabajos o servicios, tipificado en el artículo 261 del Código Penal.

El movimiento judicial llega apenas días después de otro revés para el legislador: la semana pasada, la Corte le rechazó un pedido de casación anterior, aunque ese correspondía a la denuncia por abuso sexual.

Qué decidió la Cámara en septiembre

El 14 de septiembre, el tribunal de alzada resolvió hacer lugar de manera parcial al planteo de la defensa. Por mayoría, dejó sin efecto el pedido de desafuero vinculado a las investigaciones por amenazas calificadas por el uso de armas y por exacciones ilegales. Sin embargo, mantuvo vigente la medida por el presunto peculado.

Con ese fallo, la Cámara ratificó en ese punto lo que ya había dispuesto el Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación, a cargo de Marcelo Sago. El magistrado había habilitado el desafuero del legislador para someterlo a proceso penal por ese hecho.

La causa se originó a partir de la denuncia de Iván Luna Avellaneda. La defensa ya había apelado en julio el pedido del juez, y esa presentación fue la que derivó en la posterior resolución de la Cámara.

Quién analizará ahora el planteo

El nuevo recurso deberá ser examinado por la Sala Penal de la Corte de Justicia, la instancia que interviene en los recursos de casación. Galán ya había cuestionado el avance del pedido antes de que se conociera el fallo de Apelaciones.

En aquella oportunidad, el diputado sostuvo que no existían elementos "contundentes" para quitarle los fueros y planteó que una denuncia o una acusación no pueden ser consideradas una condena ni una prueba suficiente.

Dos causas, dos carriles distintos

El trámite por el peculado avanza por un camino separado del expediente por presunto abuso sexual. En ese otro caso, la Sala Penal declaró formalmente inadmisible, a mediados de octubre, un recurso de casación de la defensa —a cargo de José Leonardo Berber— que cuestionaba el rechazo de la caducidad de la investigación y la declaración de inconstitucionalidad del artículo 20 del Código Procesal Penal.

El máximo tribunal entendió que esa resolución no tenía carácter definitivo y que no se había demostrado un perjuicio de imposible reparación.