Un diácono la engañó por 10 años y la obligó a abortar: ahora la pelea llega a la Corte Suprema

Una mujer mendocina descubrió que su pareja, un diácono católico, la engañó durante más de una década: tenía esposa, hijos y la obligó a abortar dos veces. Ahora, tras fallos contradictorios, la Corte Suprema de la Nación decidirá si el Arzobispado de Mendoza debe pagar por los daños.

El engaño que duró diez años

En 2003, tras separarse de una pareja violenta, la denunciante conoció a un hombre que se presentó como viajante de comercio. Con el tiempo iniciaron un noviazgo y él le propuso mudarse juntos, prometiéndole hacerse cargo de los gastos y formar una familia.

Pero detrás de esas promesas había una trama de mentiras. Las ausencias frecuentes y las explicaciones confusas llevaron a la mujer a enfrentarlo. Entonces descubrió que su pareja no solo estaba casado y tenía hijos, sino que era diácono permanente y director de un seminario en Mendoza.

Según consta en la denuncia, poco después de la revelación, el hombre desapareció, dejándola sola con todas las responsabilidades económicas.

Denuncia ante la Iglesia y proceso canónico

En 2018, la mujer decidió denunciar los hechos ante el Arzobispado de Mendoza, pidiendo que se investigara al religioso y se lo apartara de sus funciones. Aunque la Iglesia abrió un proceso canónico, la denunciante asegura que el procedimiento fue hermético y la hizo sentir nuevamente vulnerada.

Batalla judicial: fallos que se contradicen

En 2019, la mujer reclamó una indemnización de $1 millón ante la Justicia Civil por violencia de género institucional, psicológica y simbólica durante la investigación eclesiástica.

En 2023, un tribunal le dio la razón y condenó al Arzobispado. La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo, señalando que la autonomía religiosa no puede vulnerar los derechos de una mujer.

Sin embargo, a principios de 2024, la historia dio un vuelco. El 4 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza falló a favor del Arzobispado, sosteniendo que no hubo violencia de género porque las normas de secreto canónico se aplican por igual a hombres y mujeres, y que el caso era solo una “falta disciplinaria interna” de la Iglesia. Además, le impuso a la mujer el pago de las costas judiciales.

El recurso ante la Corte Suprema

Tras el revés, los abogados de la mujer intentaron llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación mediante un recurso extraordinario federal, pero el tribunal mendocino lo rechazó. Entonces presentaron una queja directa ante la Justicia nacional, argumentando “gravedad institucional” y pidiendo que se anule la sentencia provincial.

La defensa sostiene que se vulneraron garantías constitucionales y que la decisión contradice tratados internacionales de protección a la mujer. Ahora, el máximo tribunal del país tendrá la última palabra.