Un defensor se plantó en la causa de los certificados médicos: no quiere representar a 14 imputados

La décima audiencia del ciclo de excepciones procesales en la causa por certificados médicos falsos sumó un nuevo capítulo de tensión. El defensor penal Camilo Curi pidió excusarse de la representación conjunta de 14 imputados al advertir que esa acumulación podría generar conflictos de intereses y poner en riesgo la validez del proceso.

La investigación, que aún está en etapa de instrucción, alcanza a 119 agentes públicos, además de una médica y su pareja, todos sospechosos de participar en una maniobra para obtener licencias por enfermedad con documentación presuntamente falsa.

El planteo que encendió la audiencia

Curi fundamentó su solicitud en que las particularidades del expediente impiden garantizar una defensa técnica efectiva e individualizada para cada uno de los acusados. Reconoció que no existe una prohibición expresa para que un mismo defensor represente a varias personas en una misma causa, pero sostuvo que las diferencias entre las situaciones procesales podrían generar incompatibilidades.

Según su exposición, existen 14 teorías del caso distintas, con intereses y eventuales responsabilidades que no necesariamente coinciden. Las decisiones que adopte uno de los imputados, advirtió, podrían modificar la situación de los demás y colocar al defensor ante conflictos éticos.

«La intervención de la Defensa Pública no puede limitarse a una representación formal, sino que debe garantizar una defensa técnica activa, efectiva e individualizada», enfatizó Curi durante la audiencia.

El defensor también alertó que, si la situación no se resuelve, podrían producirse nulidades que afecten la continuidad del proceso. En ese marco, planteó la necesidad de evaluar mecanismos de composición pacífica y alternativas que no se limiten exclusivamente a una respuesta sancionatoria, teniendo en cuenta la magnitud de una investigación que involucra a alrededor de 200 empleados policiales.

La pulseada por la competencia territorial

En la misma audiencia, Curi reiteró el planteo de incompetencia territorial que la Defensa Pública y los abogados particulares sostienen desde el inicio de esta etapa. Argumentó que los delitos investigados no se habrían cometido en Viedma: según su exposición, los certificados médicos se retiraban de una vivienda de Roca y se utilizaban en las dependencias donde los imputados prestaban servicios, ubicadas en el Alto Valle.

Respecto de la presunta defraudación al Estado, consideró que también deben tenerse en cuenta los lugares donde se habrían concretado las conductas investigadas, así como aquellos en los que se realizaron las principales medidas de investigación y se reunió la evidencia.

El planteo coincide con los argumentos expuestos en audiencias anteriores por los defensores Pedro Vega, Graciela Carriqueo y María Paz Álvarez, además de los abogados particulares que representan a los imputados. La defensa particular acompañó el cuestionamiento sobre la competencia territorial.

La Fiscalía volvió a rechazar el pedido y sostuvo que la investigación debe continuar en Viedma, donde se encuentra la sede administrativa del Estado provincial, cuyas arcas habrían resultado perjudicadas por las maniobras investigadas. En cuanto al pedido de excusación, la acusación señaló que corresponde al defensor general resolver esa cuestión y no al juez de garantías que interviene en las audiencias. La Fiscalía de Estado, constituida como querellante, acompañó la postura del Ministerio Público Fiscal.

Cuándo se define el futuro de la causa

La resolución sobre la competencia territorial está prevista para la primera quincena de noviembre. El juez Adrián Dvorzak deberá determinar si la investigación continúa en Viedma o si corresponde que pase a los tribunales de Roca.

La última audiencia de este ciclo de excepciones procesales está agendada para el 10 de noviembre, con la participación de los últimos siete imputados. Hasta entonces, continuarán los planteos de las defensas y la oposición de la Fiscalía, en una discusión que definirá qué jurisdicción judicial deberá llevar adelante el proceso.