Un convenio de 2001 y una cápita congelada: la deuda de $485 millones que San Luis reclama a IOMA
La deuda se acumuló durante casi una década y el reclamo ya está en la Justicia Federal. Pero hay un dato que explica por qué el monto podría seguir creciendo.
El Gobierno de San Luis llevó a la Justicia Federal un reclamo contra IOMA, la obra social bonaerense, por una deuda de $485 millones en concepto de prestaciones médicas, bioquímicas y farmacéuticas que DOSEP realizó a afiliados de la provincia de Buenos Aires que viven en territorio puntano.
La demanda fue impulsada por la Fiscalía de Estado junto con la Obra Social del Estado Provincial, después de que los reclamos administrativos no obtuvieran respuesta por parte de IOMA. Según explicó la ministra de Salud de San Luis, Teresa Nigra, la deuda se acumuló desde 2017 y podría crecer durante el proceso judicial por la incorporación de nuevos intereses y las costas correspondientes.
El origen del conflicto
El problema se remonta a un convenio de reciprocidad firmado en 2001 entre las obras sociales provinciales. En ese acuerdo se fijó una cápita mensual de $35 por afiliado, un valor que permaneció congelado durante 25 años. En 2017, las partes habían acordado reemplazar ese esquema por un sistema basado en el pago de cada prestación efectivamente realizada. Sin embargo, según la Provincia, IOMA continuó abonando la suma histórica sin actualización, lo que generó un desequilibrio financiero que DOSEP terminó absorbiendo.
Actualmente hay 425 afiliados de IOMA que viven en San Luis, mientras que apenas 24 afiliados de DOSEP residen en la provincia de Buenos Aires. Esa diferencia en los padrones explica, según las autoridades puntanas, por qué el saldo de la compensación resulta favorable a San Luis.
El reclamo judicial
La demanda comprende más de 13.000 prestaciones que DOSEP financió durante los últimos años. De acuerdo con la Fiscalía de Estado, IOMA solamente abonó $1,5 millones de ese monto, una cifra considerada insuficiente frente al costo de las prestaciones realizadas.
La Provincia también informó que durante los últimos seis meses envió seis intimaciones mediante cartas documento. Las comunicaciones fueron recibidas por IOMA, pero, según explicó el secretario de Asuntos Judiciales de la Fiscalía de Estado, Javier Suárez Ortiz, ninguna obtuvo respuesta.
DOSEP había notificado en julio de 2025 la rescisión unilateral del convenio debido a los incumplimientos que atribuye al organismo bonaerense. Sin embargo, la Provincia decidió mantener la cobertura sanitaria para los afiliados de IOMA que viven en San Luis mientras avanza el proceso judicial. Desde el Gobierno puntano remarcaron que la decisión de continuar brindando las prestaciones responde también a una cuestión sanitaria: los afiliados no dejarán de recibir atención por el conflicto económico entre ambas obras sociales.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá analizar el reclamo y determinar si corresponde el pago de los montos exigidos. Para San Luis, el objetivo es recuperar los recursos que DOSEP destinó durante años a cubrir prestaciones que, según sostiene la Provincia, debieron ser financiadas por IOMA.
El caso pone en evidencia además el impacto que pueden generar los convenios de reciprocidad entre obras sociales provinciales cuando los valores acordados quedan desactualizados durante largos períodos. En este caso, una cápita fijada hace 25 años terminó derivando en un reclamo judicial que ya alcanza los $485 millones.
