Un constitucionalista pampeano alerta: la reforma de tierras rurales 'facilita la extranjerización' del país
¿Sabías que la nueva ley de tierras elimina los topes a la compra de campos por extranjeros? Un constitucionalista pampeano explica por qué esto podría ser una amenaza para la soberanía argentina.
El abogado Andrés Gil Domínguez cargó contra el proyecto del Gobierno de Milei que modifica la Ley de Tierras Rurales. Según el especialista, la iniciativa elimina los límites a la compra de campos por extranjeros y representa "una entrega de la soberanía territorial".
El constitucionalista pampeano publicó un extenso análisis en su cuenta de X donde examinó la denominada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", actualmente en discusión en el Senado. Para Gil Domínguez, el texto oficial "habilita sin límites la adquisición de tierras rurales por personas físicas y jurídicas extranjeras", con la única excepción de los Estados extranjeros.
¿Qué cambios propone la reforma?
El proyecto elimina los topes establecidos por la Ley 26.737 de 2011, que fijaba un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y restricciones por nacionalidad y por propietario. Además, flexibiliza la compra en zonas de seguridad de frontera para empresas con participación estatal extranjera o ciudadanos extranjeros, siempre que haya autorización provincial y del Poder Ejecutivo.
Uno de los puntos más criticados es el "silencio administrativo positivo": si el Estado nacional y la provincia no responden en 60 días a un pedido de autorización, esta queda automáticamente aprobada.
El riesgo geopolítico
Gil Domínguez advirtió que la compra sin límites de grandes extensiones, sobre todo en fronteras, podría crear "enclaves territoriales, económicos y logísticos" capaces de controlar recursos estratégicos e infraestructura. "El Estado resigna anticipadamente los instrumentos necesarios para impedir procesos de penetración territorial y dependencia geopolítica", señaló.
El abogado recordó antecedentes como la anexión de Crimea por Rusia y las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia para ilustrar la importancia estratégica de los territorios.
Un nombre engañoso
También cuestionó el título de la ley: "La propiedad es inviolable desde 1853 por el artículo 17 de la Constitución". Sostuvo que el Gobierno usa un nombre "grandilocuente" para modificar la soberanía territorial. "La propiedad es un derecho; la soberanía es una condición de existencia del Estado. Confundirlas deliberadamente supone transformar una garantía constitucional en un instrumento para desproteger a la Nación", escribió.
En su conclusión, afirmó: "Un país no pierde su territorio solamente cuando una potencia extranjera lo invade, sino también cuando renuncia a controlar quién adquiere sus tierras estratégicas". Y agregó: "El Gobierno podrá disfrazar esta entrega con el lenguaje de la libertad, pero ningún discurso grandilocuente puede ocultar lo evidente: la eliminación de los límites para que intereses extranjeros se apropien de manera ilimitada de las tierras rurales y fronterizas no está protegiendo el derecho de propiedad, sino facilitando la extranjerización del territorio argentino".
