Un concurso que arrancó antes de tener reglas: la denuncia que frenó todo en el INYM

La designación del nuevo auditor interno del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) terminó en la Justicia Federal de Posadas. Un postulante que quedó fuera de la selección presentó una medida cautelar para suspender el nombramiento de Sebastián Nicolás Pratto, actual gerente general del organismo, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia del concurso.

La presentación también apunta al ingreso de Rosana Andrea Biale como reemplazo de Pratto en la Gerencia General, una designación que arrastra un antecedente pesado: la contadora había demandado al propio Instituto y el conflicto se cerró con un acuerdo millonario.

El abogado y contador Nicolás Silvero, uno de los participantes del concurso, pidió que se suspendan los efectos de la Resolución 109/2026, con la que el Directorio del INYM aprobó la designación de Pratto como auditor interno.

El objetivo es que el funcionario no asuma hasta que el organismo resuelva el recurso de reconsideración que presentó contra el procedimiento de selección. Y si el nombramiento ya se concretó, que se lo aparte de forma provisoria de las tareas de fiscalización.

La movida judicial llegó justo cuando el Instituto avanzaba con el traslado de Pratto desde la Gerencia General hacia la Auditoría Interna, el movimiento administrativo que habilitaría la llegada de Biale a la conducción del organismo.

Las fechas que no cierran

En su escrito, Silvero sostuvo que el concurso no garantizó las condiciones de transparencia, publicidad e imparcialidad que exige un proceso de este tipo.

El primer punto que marcó tiene que ver con el calendario. El llamado público se difundió los días 16 y 18 de julio, pero la Resolución 77/2026, con la que el Directorio aprobó formalmente el perfil del puesto y sus requisitos, se dictó recién el 30 de julio.

Para el denunciante, eso significa que el proceso arrancó antes de que existieran las reglas definitivas de evaluación. Tampoco la convocatoria detallaba los puntajes, las ponderaciones de antecedentes, la metodología de selección ni la composición de una comisión técnica que comparara a los aspirantes.

Del concurso participaron 21 postulantes, de los cuales 12 fueron admitidos. Once de ellos se presentaron a las entrevistas del 25 de agosto.

Sin embargo, al revisar el expediente administrativo, Silvero aseguró que no encontró planillas de puntuación, evaluaciones individuales de las entrevistas ni documentación que permita reconstruir cómo se llegó a los dos finalistas.

El informe de Recursos Humanos ubicó primero a Pratto, segundo a Marcelo Williams Otto y tercero al propio Silvero, pero sin puntajes numéricos que respalden esos lugares.

El postulante también cuestionó que ese informe lo firmara únicamente la responsable de Recursos Humanos, un área que dependía jerárquicamente de la Gerencia General que encabezaba Pratto.

Y sumó otra objeción contra Otto: se desempeñaba como auditor interno subrogante y, pese a competir por el mismo cargo, firmó el acta de apertura de sobres del 10 de agosto. Para Silvero, esas dos circunstancias exigían mecanismos extra de independencia que no quedaron documentados.

La Resolución 109/2026 dejó asentado que Pratto no intervino en el análisis de admisibilidad, en el informe de preselección ni en la deliberación y votación final. El nombramiento se aprobó con siete votos para Pratto, tres para Otto y dos abstenciones.

Un auditor con las manos atadas

La presentación judicial también apunta a las limitaciones que tendría Pratto para ejercer el cargo después de haber pasado por la Gerencia General.

La propia resolución establece que deberá abstenerse de auditar actuaciones, contrataciones, pagos y procedimientos en los que haya intervenido durante su gestión. Entre esas restricciones aparece nada menos que la auditoría de los estados contables del ejercicio 2026, el período en el que estuvo al frente de la administración.

Para cubrir esas funciones, el Directorio dispuso que puedan intervenir la Sindicatura o un auditor independiente designado especialmente.

Silvero argumentó que esas limitaciones debieron pesar al comparar antecedentes con otros profesionales que podrían fiscalizar sin impedimentos derivados de cargos anteriores. También reclamó que no se evaluó ni documentó el costo adicional de tener que recurrir a otros profesionales para completar las tareas de la Auditoría Interna.

El acuerdo salarial que complicó la asunción

En paralelo al planteo judicial, habrían aparecido dificultades para cerrar los trámites laborales que necesita Pratto para dejar la Gerencia General y asumir como auditor.

La resolución dispone que conserve su contrato por tiempo indeterminado y su antigüedad, pero que pase a una categoría salarial distinta, con un básico inferior al de su cargo actual.

Por eso el Directorio resolvió que las nuevas condiciones se formalicen con un acuerdo escrito entre Pratto y el INYM, firmado por ambas partes y ratificado personalmente ante el Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones, con pedido de homologación.

La norma aclara que la homologación definitiva no condiciona la asunción, pero sí exige como paso previo la firma del acuerdo y su ratificación ante la autoridad laboral.

Según fuentes vinculadas al organismo, el trámite habría chocado con objeciones por el carácter irrenunciable de ciertos derechos laborales. Ante eso se habría optado por certificar firmas ante escribano público, gestión que se habría realizado el sábado 24 de octubre.

La resolución también encomienda a la asesora letrada externa Myriam Gauvry la representación del INYM para suscribir y tramitar el acuerdo.

El recurso que el Directorio todavía no trata

Otro de los puntos cuestionados son los tiempos para resolver el recurso administrativo. Silvero pidió acceso a la documentación del concurso el 13 de octubre. Tres días después presentó el recurso de reconsideración contra la Resolución 109/2026 y el 20 de octubre amplió sus fundamentos.

El 21 de octubre, según consta en el escrito judicial, el apoderado del INYM, Esteban Aquino, le comunicó que las actuaciones quedarían en Recursos Humanos hasta el vencimiento de los plazos y que después pasarían al área jurídica y al Directorio.

En esa misma comunicación, el organismo sostuvo que la resolución cuestionada seguía vigente y podía ejecutarse. Para Silvero, ese camino permitiría que Pratto asuma antes de que los directores se pronuncien sobre las irregularidades denunciadas.

El dato que no había salido a la luz sobre la futura gerenta

En medio de la controversia, un telegrama fechado este lunes, al que accedió Primera Edición, sumó información desconocida sobre la situación laboral de Biale, la elegida para reemplazar a Pratto.

El documento, dirigido al Ministerio de Producción del Gobierno de Corrientes, indicaría que la contadora mantenía un vínculo laboral con esa dependencia provincial y que comunicó su renuncia con efecto ese mismo día.

Hasta ahora esa relación con la administración correntina no había trascendido. El dato cobra peso porque Corrientes integra el Directorio del INYM junto con Misiones, el Gobierno nacional y los distintos sectores de la actividad yerbatera.

La relación de Biale con el Instituto ya tenía un capítulo conflictivo: inició un juicio laboral contra el propio organismo, que terminó en agosto de 2024 con un acuerdo cercano a los 50 millones de pesos entre indemnización y gastos judiciales.

La contadora había ocupado antes cargos jerárquicos en el INYM, entre ellos la Gerencia General y la Gerencia de Modernización. En 2021 fue suspendida preventivamente y, tras una serie de actuaciones y reclamos, se consideró despedida indirectamente. En noviembre de 2022 demandó al organismo.

El litigio se cerró en agosto de 2024. Según los antecedentes difundidos sobre la Resolución 171/2024, el INYM acordó pagarle 40 millones de pesos para cancelar sus reclamos, a los que se sumaron 9,68 millones en honorarios de sus abogados y otros gastos del proceso.

Ese antecedente fue uno de los argumentos de los representantes de la producción para cuestionar su regreso. El director Roberto Ferreyra había señalado que las asociaciones a las que representa le pidieron no acompañar la designación por ese conflicto previo.

Qué tiene que resolver la Justicia

Silvero pidió que la Justicia Federal suspenda los efectos de la Resolución 109/2026 e impida que Pratto asuma como auditor interno mientras siga pendiente la revisión administrativa del concurso.

Reclamó que la medida se dicte con urgencia y que, si se considera necesario, se resuelva sin escuchar antes a la contraparte.

También previó el escenario de que el funcionario ya haya asumido cuando llegue una eventual resolución: en ese caso, pidió que se lo aparte de forma provisoria y que no pueda firmar dictámenes, informes de control ni certificaciones, incluido el balance del ejercicio 2026.

Como alternativa, propuso que el INYM deba avisar con cinco días hábiles de anticipación cualquier acto de asunción y que se fijen restricciones transitorias a determinadas funciones de fiscalización.

El postulante aclaró que no busca quedarse con el cargo, sino que se revise la legalidad del concurso y se garanticen condiciones iguales para todos los aspirantes.