Un concejal denunció al Tribunal de Cuentas y apuntó a un "bloqueo documental" en Los Altos

Rodrigo Reynoso (UP) presentó una denuncia penal en la Fiscalía General contra el Tribunal de Cuentas de la Provincia por negarse a entregar copias certificadas de las rendiciones municipales entre 2022 y 2025. El edil sostiene que la falta de respuesta vulnera la Ley Orgánica Municipal y pidió que se investigue el incumplimiento de deberes de funcionario público.

La presentación, concretada en las últimas horas, busca determinar si existieron irregularidades en el acceso a la información pública y si hubo una maniobra para obstaculizar el control legislativo. Reynoso pidió que se requieran los expedientes administrativos completos para deslindar responsabilidades funcionales y penales.

La respuesta que no conformó

El origen del conflicto se remonta al 6 de mayo, cuando el concejal solicitó al Tribunal de Cuentas —con el número de actuación 65080— las copias certificadas de las rendiciones de cuentas de los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025. Según argumentó, esa documentación era indispensable para cumplir con la fiscalización presupuestaria que fija la Ley Orgánica Municipal.

Ante la falta de respuesta, Reynoso reiteró el pedido con un pronto despacho el 5 de junio y volvió a insistir el 17 de julio. El organismo tardó casi tres meses en expedirse y, para el edil, la contestación no fue satisfactoria.

El 31 de julio, el Tribunal respondió con una nota firmada por su presidente, Jorge Moreno, en la que enumeró registros e ingresos de varias rendiciones presentadas por la Municipalidad de Los Altos, pero afirmó que "no correspondía expedir copias certificadas". Reynoso cuestionó que no se brindara ningún fundamento legal ni se ofrecieran alternativas de consulta, y que se omitiera información sobre el segundo semestre de 2025.

"No explicó cuál era la norma"

En su descargo, el concejal apuntó contra la falta de precisiones: "La respuesta no explicó de manera suficiente, en el texto que me fue notificado, cuál era la norma concreta que impedía entregar la documentación, si existía alguna restricción legal aplicable a cada pieza o qué modalidad alternativa se encontraba disponible para acceder a ella. Tampoco surge de esa contestación una respuesta específica respecto de las rendiciones correspondientes al segundo semestre de 2025 ni de las que eventualmente se hubieran presentado con posterioridad".

Frente a esa negativa, Reynoso intimó al Tribunal de Cuentas mediante carta documento, invocando la ley provincial N° 5336 de Acceso a la Información Pública. Allí remarcó que "la enumeración de números de registro no equivale al acceso efectivo a los documentos que respaldan las rendiciones" y recordó que el principio de publicidad que rige la Constitución Provincial prohíbe las negativas infundadas.

Un "bloqueo documental" que va más allá

El edil enmarcó la denuncia en lo que describió como un "bloqueo documental y una falta sistemática de respuestas del Ejecutivo municipal ante iniciativas parlamentarias del Concejo Deliberante durante todo el año".

Entre los pedidos que, según dijo, quedaron sin contestar, mencionó la ejecución presupuestaria 2025, la plantilla de personal, la interpelación al secretario de Hacienda, los fondos recibidos para cubrir desequilibrios financieros, la obra del polideportivo, la compra del predio para la Terminal y otros fondos especiales.

Para Reynoso, el control público "no es una facultad discrecional, sino una obligación institucional orientada a resguardar los recursos de la comunidad". La causa quedó en manos de la Fiscalía General, que deberá evaluar si existen elementos para avanzar sobre el organismo provincial.