Un comisario pidió que frenaran su sumario hasta que se resuelvan dos causas penales: la respuesta del Gobierno

El Gobierno de Mendoza rechazó el pedido de un comisario de la Policía provincial para suspender el sumario administrativo que tramita en su contra hasta que exista una definición en dos causas penales. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1543, publicado este jueves 24 de septiembre en el Boletín Oficial.

El expediente identifica al efectivo como M. E. O. M., comisario perteneciente al Personal Policial de Apoyo. La Inspección General de Seguridad (IGS) había ordenado abrirle un sumario formal el 5 de junio de 2025 por posibles infracciones al régimen disciplinario de la Policía. La resolución dejó además su situación sujeta a lo que pudiera ocurrir si existiera una condena firme por un delito doloso.

Qué dicen las denuncias

Según consta en las actuaciones administrativas, el origen del procedimiento está vinculado a una denuncia presentada ante la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén, en la que se atribuyeron al comisario reiterados hechos de violencia. A partir de esa presentación se inició la causa penal P-5066/25, en la que O. M. figura señalado como presunto autor.

El documento oficial agrega que existe una segunda investigación, identificada como P-5934/25, en la cual el policía fue denunciado por hechos cuya víctima sería una menor de edad. Esa actuación tramita ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Fiscalía de Instrucción N° 42. El decreto no establece responsabilidad penal del comisario, sino que da cuenta de las denuncias y de las investigaciones judiciales en curso.

El planteo de la defensa

La defensa negó los hechos y las pruebas incorporadas al expediente disciplinario y solicitó que se suspendieran los plazos y el procedimiento administrativo hasta que se resolvieran ambas causas penales. Argumentó que continuar con el sumario antes de una definición judicial podía generar decisiones contradictorias y afectar el derecho de defensa y el principio de inocencia.

La IGS rechazó ese planteo y ordenó que la investigación administrativa continuara. Posteriormente, los abogados del policía recurrieron esa decisión y llevaron la discusión hasta el Poder Ejecutivo. Asesoría de Gobierno sostuvo que la responsabilidad administrativa es independiente de la penal y que esperar una sentencia judicial podría impedir que el procedimiento disciplinario tuviera una resolución en tiempo oportuno.

La decisión de Cornejo

Finalmente, el gobernador Alfredo Cornejo rechazó en lo sustancial el recurso de alzada, por lo que el sumario contra el comisario continuará mientras avanzan, por separado, las dos investigaciones penales. El decreto también establece que el efectivo dispone de 30 días desde la notificación para recurrir la decisión mediante una acción procesal administrativa.