Un comerciante entregó sus dogos y deberá pagar $100.000: el insólito acuerdo para evitar la condena

El comerciante sanjuanino Franco David Aciar Castillo logró un acuerdo con la Justicia para esquivar una condena por presunto maltrato animal. La salida alternativa lo obliga a desprenderse de sus perros y a cumplir una serie de condiciones durante un año.

La resolución se alcanzó en una audiencia en la que la querella no estuvo presente. El convenio incluye la entrega voluntaria de los animales que aún estaban bajo su responsabilidad, para que queden al cuidado de una organización protectora.

Las condiciones del acuerdo

Aciar Castillo deberá cumplir 36 horas de trabajo comunitario repartidas en cuatro meses, en el lugar que la Justicia determine. Además, tendrá que donar $100.000 a una asociación dedicada a la protección animal.

La suspensión de juicio a prueba se extenderá por un año. Si cumple con todas las obligaciones, evitará una condena penal por esta causa.

El origen del caso

Todo empezó con una denuncia anónima que alertó sobre las condiciones en las que vivían tres perros de raza dogo en la vivienda del comerciante. Un macho, una hembra y un cachorro de seis meses presentaban un cuadro evidente de desnutrición.

El ayudante fiscal Jorge Luis Sánchez pidió autorización judicial para ingresar al domicilio y secuestrar a los animales. Un veterinario confirmó después que los tres tenían un peso muy inferior al esperado para su raza.

En la audiencia de formalización, realizada en junio de este año, la defensa —representada por la doctora Paola Escudero— sostuvo que el deterioro físico de los perros no se debía a una intención deliberada de maltratarlos, sino a las dificultades económicas que atravesaba su cliente. Incluso, el comerciante había manifestado su intención de recuperarlos.

Sin embargo, después de tres meses, el acuerdo alcanzado contempla que los animales queden definitivamente bajo el resguardo de la asociación protectora.

El destino de los dogos

La entrega voluntaria comprende dos dogos —un macho y una hembra—, un cachorro que ahora tiene nueve meses y tres crías más que tuvo la hembra. Todos serán recibidos por la asociación "Pitbull en Peligro".

Con el cumplimiento de las condiciones impuestas durante el plazo de un año, el comerciante podrá cerrar la causa sin una condena penal. La suspensión de juicio a prueba establece obligaciones que deberá respetar durante ese período, entre ellas la donación, las tareas comunitarias y el compromiso de que los animales permanezcan bajo protección.