Un caucetero seguirá preso: la Justicia extendió su prisión preventiva por abuso

El acusado, detenido desde abril, seguirá tras las rejas mientras la causa se encamina al juicio oral. Las pruebas que complican su situación.

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Un caucetero seguirá preso: la Justicia extendió su prisión preventiva por abuso
Un caucetero seguirá preso: la Justicia extendió su prisión preventiva por abuso

La Justicia de San Juan prorrogó por 60 días la prisión preventiva de un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una joven de 18 años. La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Federico Rodríguez, a pedido del Ministerio Público Fiscal de la UFI Cavig, mientras el expediente avanza hacia el debate oral, según informaron fuentes judiciales.

El imputado, cuyas iniciales son L.A.C., está alojado en el Servicio Penitenciario Provincial desde abril, cuando se radicó la denuncia. Según la investigación, la víctima y el sospechoso mantenían un vínculo previo desde hacía años. En un encuentro ocurrido en abril, la joven se habría negado a una práctica sexual específica y, pese a su negativa, el sujeto la habría forzado.

Tras el episodio, la víctima recibió contención integral y radicó la denuncia, lo que activó el protocolo de actuación y derivó en la detención del presunto agresor.

Pruebas clave

Entre los elementos que sostienen la imputación se destacan los informes médicos que constataron las lesiones sufridas por la denunciante y las pericias genéticas. Los cotejos de ADN realizados durante la investigación arrojaron resultados plenamente compatibles con las muestras del expediente.

Ante el inminente vencimiento de la primera medida cautelar, la fiscalía solicitó prorrogar la detención por otros 60 días. La defensa intentó conseguir la excarcelación argumentando que la mayor parte de las pruebas ya estaban incorporadas y que no existía riesgo de entorpecimiento procesal. Sin embargo, el magistrado avaló el planteo de los fiscales y ratificó la continuidad del encierro preventivo.

La causa se aproxima a su etapa de clausura. Resta concretar una última medida vinculada al análisis informático del teléfono celular del acusado. Cumplido ese trámite, la fiscalía formulará la requisitoria de acusación para elevar el legajo a juicio, donde el procesado arriesga una condena de hasta 15 años de prisión efectiva.

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