Un campo de Río Gallegos denuncia que la basura del relleno les invade 5.000 hectáreas

La Estancia Punta Loyola y la Municipalidad de Río Gallegos volverán a verse las caras este miércoles 4 de noviembre en una audiencia judicial. El motivo: la dispersión de residuos plásticos que, según los responsables del campo, llega desde el relleno sanitario municipal hasta sus tierras productivas.

La cita se da en el marco de un amparo ambiental que la estancia presentó en junio de 2025, después de agotar distintas instancias administrativas sin respuestas. El expediente N.º 22197/2025 tramita en el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, a cargo de la jueza María Belén Aguiar.

El planteo busca frenar el avance de los residuos sólidos urbanos sobre los campos y exigir que el predio municipal funcione tal como se estableció en el proyecto original y en su Estudio de Impacto Ambiental.

Bolsas, botellas y microplásticos en el campo

El administrador del establecimiento, Javier Álvarez Bento, describió el impacto en diálogo con Radio LU12 AM680. Según su relato, todo empezó en octubre de 2023, cuando comenzó a operar el nuevo predio de disposición final de residuos, ubicado a alrededor de un kilómetro de los campos.

Los relevamientos que encargaron detectaron que la dispersión de basura compromete unas 5.000 hectáreas. La situación los obligó a reducir el uso de esos sectores para la producción ovina y a retirar animales para que no ingieran plásticos.

El panorama se complicó aún más con los resultados de un informe técnico de abril de 2025: encontraron microplásticos en el 75,67% de las muestras de materia fecal analizadas en el establecimiento, además de fragmentos plásticos en la vegetación.

Álvarez Bento remarcó que la estancia tuvo que rearmar su esquema productivo y que el problema también golpeó su estructura laboral.

La compactación que no se cumple

Uno de los ejes del reclamo apunta a cómo se deposita la basura. El administrador denunció que el proyecto preveía que los residuos llegaran compactados en bloques, una medida pensada para reducir la dispersión por el viento.

Sin embargo, sostuvo que los camiones descargan directamente en el terreno y que después se cubre con tierra, sin respetar el procedimiento de compactación previsto.

La problemática también llegó a la órbita provincial. El titular de la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz, Diego Procopio, confirmó a La Opinión Austral que el organismo hizo cuatro inspecciones en el predio entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.

Según el funcionario, el establecimiento arrastra deficiencias operativas en materia de maquinaria disponible, cantidad de personal y condiciones de tratamiento y disposición final de los residuos. Además, indicó que la Declaración de Impacto Ambiental está vencida desde 2025 y que el Municipio aún debe presentar una auditoría ambiental de cumplimiento para poder actualizarla.

La Provincia intimó tanto al Municipio como a la empresa operadora, Nueva Santa Cruz, y advirtió que si vencen los plazos otorgados avanzará con un sumario administrativo.

Qué se debate en la Justicia

En el amparo, los responsables de la estancia pidieron que se ordene el cese de las actividades que provocan la dispersión, que se ejecuten las obras necesarias para adecuar el funcionamiento del predio y que se realicen tareas de saneamiento y recomposición en los sectores afectados.

También solicitaron que la Secretaría de Estado de Ambiente intervenga como tercero interesado, por su rol como autoridad de aplicación y por haber participado en la aprobación del estudio ambiental.

La última audiencia había sido en agosto de 2025 y en esa ocasión se dispuso una inspección ocular, que se concretó en diciembre de ese año. Ahora, con Aguiar al frente del juzgado, las partes volverán a encontrarse para discutir un reclamo que lleva más de un año y medio en la Justicia y que sigue sin definir las responsabilidades por la disposición final de los residuos y sus efectos sobre los campos cercanos a Río Gallegos.