En un campo de Quehué encontraron a un trabajador sin registrar y una vivienda que no cumple con lo que exige la ley. El operativo dejó asentadas varias faltas, pero hay un punto que complica todavía más al empleador: qué pasó con los adicionales que nunca se acreditaron.
Un operativo de inspección en la zona rural de Quehué puso al descubierto un establecimiento donde un trabajador rural cumplía tareas sin estar registrado y en condiciones que contradecían la normativa laboral vigente. El procedimiento fue dado a conocer por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y se enmarcó en los controles que establece la Ley 26.727, que rige el Régimen de Trabajo Agrario.
Las faltas que quedaron asentadas
El relevamiento arrojó varias irregularidades a lo largo del mismo procedimiento. La primera y más contundente: la ausencia de registración laboral del trabajador, que prestaba servicios sin figurar formalmente ante los organismos correspondientes.
A esa falta se sumaron otras que afectan las condiciones básicas del empleo rural. El establecimiento no le entregaba ropa de trabajo al empleado, un elemento obligatorio para el desempeño de las tareas en el campo.
El estado de la vivienda que se le destinaba al trabajador también quedó bajo observación: los inspectores constataron que presentaba condiciones precarias, lejos de lo que exige la legislación para el alojamiento del personal rural.
Sin alimentos, sin transporte y sin adicionales
El operativo no se limitó a la cuestión habitacional ni a la registración. Los fiscalizadores detectaron que el establecimiento tampoco le proporcionaba alimentos ni transporte al trabajador, dos prestaciones que el régimen agrario contempla.
A eso se agregó otro hallazgo: la falta de acreditación del pago de los adicionales que corresponden a las guardias, las horas extras y los feriados trabajados. Es decir, además de no estar registrado, el empleado no tenía respaldo documental de esos conceptos salariales.
Actas, derechos e intervención de los organismos
Frente a las irregularidades comprobadas, los responsables del operativo labraron las actas correspondientes. Además, se le informó al trabajador sobre sus derechos y sobre las herramientas legales a las que puede recurrir para protegerse.
Del procedimiento participaron la Uatre y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). Ambas entidades ratificaron su compromiso con la fiscalización de los establecimientos del sector y con el cumplimiento de la legislación laboral que rige en el ámbito rural.
