Un camión bajo la lupa: la Justicia blindó el secuestro en la causa por las contrataciones truchas de Plottier

La Justicia provincial dijo no y el camión sigue secuestrado. El pedido de la defensa de uno de los empresarios imputados para recuperar el rodado fue rechazado en una nueva audiencia de la causa que investiga el presunto direccionamiento de contrataciones en la Municipalidad de Plottier.

Durante el control de la investigación, el fiscal jefe Pablo Vignaroli fue contundente: el vehículo no es un simple medio de transporte, sino una pieza central en el engranaje de las maniobras defraudatorias que se investigan. Para el Ministerio Público Fiscal, se trata de una prueba clave que además podría terminar en un decomiso definitivo, según lo establece el artículo 23 del Código Penal de la Nación.

Una salida intermedia que no convenció

Pero no todo fue un no rotundo. El propio fiscal ofreció una alternativa para intentar no perjudicar la actividad económica del imputado: que el camión quede a disposición de los peritos judiciales para que realicen las inspecciones necesarias y luego sea devuelto al empresario bajo la figura de depositario judicial. La propuesta, que contó con el respaldo de la jueza de garantías Álvarez, no terminó de prosperar en los términos que pretendía la defensa.

El trasfondo de esta disputa legal es mucho más grande que un simple rodado. La Unidad Fiscal de Delitos Económicos investiga una presunta red sistemática que se habría montado durante la gestión del exintendente Luis Bertolini. La hipótesis penal, formulada en abril, apunta a que entre enero de 2024 y marzo de 2026 se direccionaron más de 160 contrataciones por un monto que supera los 2.300 millones de pesos.

Las inconsistencias que encendieron las alarmas

Las pericias contables ya detectaron graves irregularidades: falta de publicidad oficial, ausencia total de licitaciones públicas y pagos realizados sin ningún respaldo que acredite la recepción de bienes o servicios. Un combo que refuerza la sospecha de un esquema armado para beneficiar a un grupo selecto de empresarios.

Por ahora, Bertolini y la exsubsecretaria Gladys Ramírez siguen imputados como coautores de negociaciones incompatibles con la función pública. Los empresarios que habrían actuado como canalizadores del esquema, en tanto, enfrentan cargos como partícipes necesarios. La causa sigue su curso y el camión, por lo pronto, no se mueve de donde está.