Un camión, 37 kilos de cocaína y una pista que lleva a Tucumán: la hipótesis del desvío judicial

La investigación por el secuestro de 37 kilos de cocaína durante un control del Operativo Lapacho en Valentín Jiménez avanza sobre dos interrogantes centrales: cuál es el verdadero origen del cargamento y quién era el destinatario final. Los investigadores analizan la posibilidad de que la droga haya sido incautada antes y, tras un presunto desvío, regresara al circuito del narcotráfico.

Las primeras pericias revelaron un detalle clave: la mayoría de los panes de cocaína tenían numeraciones identificatorias y algunos envoltorios presentaban pequeñas perforaciones o cortes. Según fuentes judiciales, esas marcas suelen producirse durante las pruebas de campo en procedimientos oficiales para confirmar que la sustancia es un estupefaciente.

A partir de esos indicios, los investigadores trabajan sobre una hipótesis central: que la droga fue incautada anteriormente en otro operativo y, por circunstancias aún desconocidas, volvió a comercializarse. La tarea ahora es determinar si las numeraciones coinciden con registros de expedientes judiciales previos y si los paquetes estuvieron almacenados en algún depósito judicial o dependencia de seguridad.

¿Quién financió el traslado?

Mientras intentan esclarecer el origen de la cocaína, la pesquisa también busca identificar al organizador del transporte. Según la información reunida, los investigadores siguen la pista de un hombre domiciliado en Tucumán que estaría vinculado con la operación. Analizan una presunta transacción cuyo destino final habría sido Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

El conductor del camión aportó datos que orientaron la investigación hacia Orán, Salta, considerada una de las principales puertas de ingreso de cocaína al país. Con esa información, se analizan distintas hipótesis sobre cómo la sustancia habría retornado al circuito ilegal.

“No se descarta ninguna posibilidad. Estamos tratando de determinar el origen exacto de la sustancia y verificar si guarda relación con algún secuestro anterior”, señaló una fuente vinculada a la causa.

Las sospechas cobran relevancia en un contexto de antecedentes de irregularidades en la custodia de estupefacientes. La última destrucción de droga en la región fue en mayo, cuando se incineraron más de tres toneladas de sustancias ilegales. Sin embargo, fuentes judiciales recordaron que en los últimos años se detectaron anomalías en el resguardo de cargamentos secuestrados, lo que obligó a reforzar los controles.