Un cambio en las reglas de juego pone en jaque a 3.000 familias del norte argentino

Más de 3.000 empleos directos y cientos de indirectos están en la cuerda floja en Salta y Jujuy por una decisión del Gobierno nacional que eliminó una barrera fitosanitaria clave para el sector bananero. El presidente de la Asociación de Frutas y Hortalizas de Salta, José Luis Checa, denunció que la medida se tomó sin consultar a los productores y advirtió que podría abrir la puerta a una enfermedad devastadora.

¿Qué cambió y por qué preocupa?

La barrera fitosanitaria, que llevaba 32 años vigente, impedía el ingreso de bananas de otras regiones para proteger la sanidad de los cultivos locales. Según Checa, esa protección no era arbitraria: "fue una cosa consensuada con el gobierno de turno por una cuestión de preservar la sanidad que tenemos nosotros en la zona bananera".

El dirigente explicó que Salta y Jujuy se mantienen libres de las enfermedades más peligrosas del mundo, como el Fusarium Raza 4 Tropical (TR4), un hongo mortal que ya está presente en Perú, Ecuador y Colombia. "Hoy tenemos un cuco mundial que es el Fusarium 4, que es un hongo mortal donde entra y se termina la banana por 40 años", advirtió.

El impacto económico y social

En Salta hay unas 3.000 hectáreas cultivadas con bananas, y junto a Jujuy suman 3.800 hectáreas. La actividad genera más de 3.000 puestos de trabajo directos, especialmente en localidades como Orán y Colonia Santa Rosa. "La banana pasa a ser una actividad social difícil de reemplazar", señaló Checa, quien remarcó que en esas zonas representa una alternativa de empleo formal.

"Acá estamos comprometiendo las futuras generaciones que no van a poder producir en el país", agregó, alertando sobre el riesgo de perder la producción si ingresa el hongo.

Críticas a la gestión nacional

Checa cuestionó duramente la forma en que se tomó la decisión: "Si hubo algo en la reunión fue soberbia de parte del Gobierno Nacional". Y añadió: "Lo más triste es que se armó sin darle participación a nadie, salió el decreto y de un día para el otro nos enteramos como un balde de agua fría".

¿Qué harán los productores?

El sector ya pidió un impasse de 90 días para revisar la normativa y mantener el diálogo con Nación. Además, impulsarán presentaciones institucionales y trabajarán junto a los gobiernos de Salta y Jujuy para intentar revertir la medida. "Las provincias de Salta y Jujuy son las que están cuidando los intereses para que se siga con la actividad", concluyó Checa.