Un año de rastreo digital terminó con cuatro detenidos en San Rafael y un arsenal oculto

Una compleja investigación que demandó un año de rastreos digitales culminó este martes con la desarticulación de una organización criminal dedicada al fraude informático. La banda, con epicentro en San Rafael pero que operaba desde el Gran Mendoza, logró vulnerar los datos de más de 800 titulares de tarjetas de crédito y débito en todo el país. El perjuicio económico estimado por la Justicia supera los 70.000 dólares, cifra que la organización intentó “licuar” a través de un sofisticado circuito de criptomonedas.

La fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Gabriela García Cobos, encabezó una serie de allanamientos en San Rafael -específicamente en la zona de Cañada Seca- y en otros puntos de la provincia. Durante los procedimientos, la División de Delitos Económicos de la Policía de Mendoza detuvo a cuatro hombres que, según las pesquisas, cumplían funciones de receptores del dinero sustraído. En las viviendas allanadas, los efectivos no solo encontraron material tecnológico como computadoras y teléfonos, sino también un arsenal que incluyó escopetas y una pistola calibre 22, lo que generó el inicio de una causa paralela por tenencia ilegal de armas.

La ingeniería del engaño: del ‘phishing’ al USDT

El éxito de la banda radicó en una arquitectura de engaño profesional. La red montó sitios web apócrifos que replicaban con exactitud interfaces de bancos y plataformas oficiales para capturar los datos de los usuarios mediante la técnica de phishing. Una vez que las víctimas ingresaban sus credenciales de forma voluntaria, los estafadores tomaban el control de los plásticos.

Sin embargo, para no activar las alarmas de los sistemas de prevención de lavado de dinero ni alertar de inmediato a los usuarios, realizaban micro-extracciones y consumos de bajo valor que, multiplicados por cientos de casos, consolidaron la millonaria estafa.

El paso final de la maniobra consistía en el aseguramiento de los activos. La fiscalía detectó que los fondos en pesos eran transferidos rápidamente a cuentas virtuales para la compra de USDT (criptomonedas atadas al valor del dólar). En un hecho inédito para el procedimiento penal local, se logró el secuestro de estos activos digitales, los cuales fueron transferidos a una cuenta del Ministerio Público Fiscal. Mientras tanto, los peritos informáticos trabajan ahora sobre la apertura compulsiva de los teléfonos y dispositivos de almacenamiento secuestrados para reconstruir la red completa de contactos y mails que sostenía la operatoria a nivel nacional.