Un agente del Servicio Penitenciario fue desvinculado tras descubrirse una irregularidad clave en su legajo

La falta de un documento educativo básico derivó en la cesantía definitiva de un trabajador del sistema penitenciario. Las autoridades provinciales detectaron que no cumplía con uno de los requisitos obligatorios para el cargo, lo que activó un proceso administrativo que concluyó con su despido y podría tener consecuencias económicas adicionales.

El Gobierno provincial dispuso el despido de un agente del Servicio Penitenciario tras constatar que no cumplía con uno de los requisitos básicos exigidos para el cargo: la finalización de los estudios secundarios. La medida quedó oficializada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y se enmarca en un proceso administrativo que analizó la situación del trabajador.

Según se detalla en la norma, el agente había sido incorporado a la fuerza, pero posteriormente no logró acreditar con la documentación correspondiente la finalización del nivel secundario, una condición obligatoria para el ingreso y permanencia dentro del sistema penitenciario provincial. Esta irregularidad derivó en la apertura de actuaciones internas que concluyeron con la decisión de desvincularlo de manera definitiva.

El decreto establece que el incumplimiento de los requisitos formales para el ejercicio del cargo constituye una falta grave dentro del régimen administrativo, ya que afecta las condiciones de idoneidad exigidas para el personal. En este sentido, las autoridades entendieron que no correspondía mantener al agente en funciones, dado que no reunía las condiciones legales necesarias para continuar en el puesto.

Además de la cesantía, la normativa deja abierta la posibilidad de que el Estado provincial avance en el recupero de haberes percibidos durante el tiempo en que el agente se desempeñó sin cumplir con los requisitos exigidos. Esto implica que podrían iniciarse acciones para reclamar la devolución de salarios, bajo el argumento de que “el nombramiento no se ajustaba plenamente a la normativa vigente”.

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