Un aeropuerto privado a dos horas de Malvinas y el decreto que abrió la puerta en El Calafate

El avance de capitales extranjeros sobre tierras argentinas no se detiene. Mientras la Corte Suprema y el Gobierno discuten la derogación y la restitución de la ley de protección del dominio nacional, una pista de aterrizaje privada en Río Negro y una transferencia de 20.000 hectáreas en Santa Cruz muestran cómo el poder económico sigue apropiándose de territorio argentino, según denunciaron legisladores y especialistas.

El caso más resonante combina a los Emiratos Árabes Unidos con el británico Joe Lewis y la complicidad que la nota atribuye al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y al mandatario santacruceño Claudio Vidal, a quien se señala por avalar un nuevo “Lago Escondido” en El Calafate.

El decreto que abrió la tranquera

El punto de partida es el Decreto 820/2016, impulsado por Mauricio Macri en junio de ese año. Según la investigación, ese instrumento sirvió de base para modificar de facto la Ley de Tierra: eliminó los controles cruzados entre la Unidad de Información Financiera y la AFIP para prevenir el lavado de activos vía paraísos fiscales y flexibilizó las condiciones de acceso a tierras con cuerpos de agua.

La autoría material del decreto correspondió al estudio jurídico Brons y Salas, por entonces en Maipú 1210, en la Ciudad de Buenos Aires. La dirección y el estudio coincidían con el representante legal de Hidden Lake, la sociedad de Lewis que en los años 90 se quedó con 11.000 hectáreas —lago incluido— mediante una red de testaferros. En ese mismo estudio se creó Bahía Dorada SA, que figuró a nombre de Nicolás Van Ditmar, el testaferro de Lewis.

La concentración y la extranjerización van juntas. Para diciembre de 2015, el 79,74% de la superficie de tierra extranjerizada del país estaba en manos del 1,35% de los propietarios extranjeros, unos 253 titulares. Además, 1.713.213 hectáreas —el 7% del total relevado— pertenecían a empresas radicadas en paraísos fiscales.

El mecanismo incluyó otro ardid: las empresas de titulares argentinos controladas por sociedades offshore asentadas en guaridas fiscales dejaron de considerarse extranjeras. También se retocaron a dedo los porcentajes de extranjerización por departamento para liberar cupo y profundizar la entrega territorial.

El caso de Bariloche es elocuente. El primer relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales arrojó 36.600 hectáreas en manos extranjeras, un 21,53% del departamento. De un día para el otro bajaron a 23.050 hectáreas, el 13,5%. El Registro nunca explicó qué transacciones justificaron ese cambio abrupto.

Un aeropuerto fantasma

Los capitales emiratíes compraron en Río Negro cerca de 50.000 hectáreas, en su mayoría desde 2017, a través de una red de testaferros locales y emiratíes. Ese avance no figura en el Registro Nacional de Tierras Rurales, que solo consigna 4928 hectáreas bajo esa nacionalidad, cuando en realidad ya son dueños de gran parte del territorio provincial en zonas de seguridad de frontera, áreas protegidas y ricas en ríos y lagos.

Uno de los campos son las 14.000 hectáreas que adquirió el testaferro Hugo Barabucci a partir de una donación del Gobierno de los EAU, luego transferidas al Fideicomiso Amaike, integrado mayoritariamente por la sociedad Manzil SA.

Otro campo es la pista de aterrizaje que otrora perteneció a Lewis. Está dentro de los predios de Bahía Dorada SA, la sociedad inscripta a nombre de Van Ditmar, mano derecha de Lewis en la provincia. Para constituirla también se usó el estudio Brons y Salas. La estancia tiene 30.000 hectáreas.

Según la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, la pista, ubicada a dos horas de vuelo de las Malvinas, nunca tuvo fiscalización del Estado nacional. En un pedido de informes, el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara, sostuvo en 2024 que el aeropuerto Bahía Dorada era fiscalizado solo una vez al año por Víctor Garces, jefe del Aeródromo de Sierra Grande.

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro registró un pago de impuestos de sellos por una compraventa de Bahía Dorada a comienzos de 2019. ¿A manos de quién pasaron las 30.000 hectáreas con aeropuerto privado incluido? Para la provincia, Bahía Dorada sigue en manos de Van Ditmar. El Registro de la Propiedad tampoco tiene datos oficiales del Fideicomiso Amaike ni de Manzil, los vehículos societarios usados por los emiratíes para quedarse con cerca de 50.000 hectáreas.

La pista sobre los nuevos dueños la dio Facundo López, jefe de la bancada de Juntos Somos Río Negro, en la sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2024: “Hoy el dueño del aeropuerto es una empresa argentina que se llama Manzil Sociedad Anónima cuyo titular es en un 95 por ciento Ignacio Petrocchi Massuh y el 5 por ciento del paquete restante corresponde a Daniel Ortiz”.

Petrocchi Massuh y Ortiz son los prestanombres detrás del Fideicomiso Amaike y Manzil. El pago de los sellos fue en febrero de 2019. Ese año, en una Asamblea General Extraordinaria del 27 de diciembre, Manzil resolvió aumentar el capital social de $16.620.000 a $25.406.917. Las acciones quedaron distribuidas entre Osama Hussein Saleh Hussein Alahdaly (99,7%) y Matar Suhail Ali Alyabhouni Aldhaheri (0,3%), según el Boletín Oficial desde 2020. Manzil pertenece a la corona de los EAU.

“Estos temas son claves para nuestra soberanía ya que este aeropuerto tranquilamente podría ser una base en tierra del Reino Unido y sus aliados de los Emiratos Árabes. Se está conformando un cordón geopolítico capaz de dividir el territorio nacional, separando parte de la Patagonia del resto de la Argentina. La presencia británica–árabe en el Continente triangula con la base de la OTAN, lo cual agrava el conflicto diplomático del país con Inglaterra”, sostuvo Odarda.

Un nuevo Lago Escondido en El Calafate

La entrega territorial, según la nota, se hace con coordinación de las autoridades locales. El caso de Santa Cruz apunta al gobernador Claudio Vidal, que en septiembre de 2026 firmó un decreto de excepción para habilitar la transferencia de 20.000 hectáreas a una empresa de capitales emiratíes, días antes de que la Corte Suprema restituyera el artículo 154 del DNU 70/2023 que derogaba la ley de protección del dominio nacional.

La habilitación se firmó el 1° de septiembre de 2026, pero se publicó en el Boletín Oficial provincial recién el 22, una semana antes del fallo de la Corte. Para Fabián Toledo, director del Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS), hubo una suerte de tráfico de información entre los supremos, que le habrían adelantado el fallo a Vidal.

“Esta es la foto más representativa del plan de Milei en la Patagonia y en Santa Cruz en particular. El gobernador Vidal es la expresión más grande de ese programa. Lo que uno observa en esta trama es un acto de corrupción que involucra a la propia Corte Suprema de Justicia que le adelantó al gobernador su primer fallo vinculado a la ley de tierras”, advirtió Toledo.

La operatoria, según la investigación, tuvo tres pasos: primero se presentó un proyecto turístico de una empresa local; luego se autorizó la transferencia accionaria a capitales extranjeros; y como cierre, un decreto de excepción.

Lacustre del Sud S.A., presidida por David Alejandro Laniado, presentó un proyecto turístico y hotelero en fracciones de su propiedad dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes, cerca del Glaciar Perito Moreno. El Master Plan Ecocentro fue aprobado el 8 de mayo de 2026 por la resolución 185 del Consejo Agrario Provincial (CAP).

Después, el CAP avanzó con una enmienda que permitió transferir el proyecto a otra sociedad, según el Expediente CAP N.° 495.894/2023, con fecha 19 de mayo de 2026. Mientras se perfeccionaba ese esquema para malvender 21.000 hectáreas de un área protegida en zona de seguridad de frontera con acceso a grandes cuerpos de agua, en Dubai se reunía el directorio de ASB Hospitality LLC, propiedad de Albwardy Investment, el conglomerado del magnate emiratí Ali Saeed Juma Albwardy.

Ese fondo es dueño de las cadenas Four Seasons y Sheraton en Argentina. Desde 2020 puso sus ojos en tierras de Santa Cruz y Misiones; ya tiene un mega emprendimiento turístico sobre las Cataratas del Iguazú. En 2024, Albwardy dijo a La Nación que la Argentina necesitaba un cambio y que estaba contento con el nuevo gobierno de La Libertad Avanza, que le prometía una venta irrestricta de tierras.

El 7 de abril de 2026, los empresarios emiratíes mandataron al abogado Javier Martin Petrantonio para crear ASB Hospitality Calafate S.A.U., registrada el 27 de julio por escritura pública N°193, con un capital de 30 millones de pesos. El domicilio fiscal es el estudio Bomchil, en el microcentro porteño.

Constituida la empresa, la Dirección de Asesoría Legal del CAP remitió a la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación la documentación societaria y emitió opinión favorable para exceptuar, por única vez y con carácter estrictamente excepcional, las restricciones de la ley de tierras nacional, reglamentada en Santa Cruz por el decreto provincial 994/2017 durante la gestión de Alicia Kirchner.

Los fundamentos del decreto, según la nota, fueron burdos: “Que el titular dominial de la superficie involucrada ha solicitado autorización para transferir el inmueble a favor del inversor extranjero, constituyendo la restricción del artículo 2° del Decreto Provincial N° 0994/17 un impedimento meramente formal para la concreción de esta inversión estratégica que la Provincia no puede desaprovechar”.

Vidal firmó el decreto el 1° de septiembre y lo publicó el 22, una semana antes de que la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) quedara en el ojo de la tormenta por su pretensión de avalar la venta indiscriminada del territorio en sintonía con el DNU 70/2023.

“El gobernador había dicho que venía trabajando en una inversión internacional de 90 millones de dólares desde hacía un año. Hace doce meses que se viene planificando un Lago Escondido en Santa Cruz. Estas tierras, además, se encuentran en una zona donde prevalece el régimen de seguridad de frontera y rodeada de cuerpos relevantes de agua”, sostuvo la legisladora Agostina Mora Doldan (UxP).

Mora Doldan presentó un amparo junto a Luis Carlos Daniel Alegría, Eloy Echazú, Carlos Alberto Godoy y el CEJUS para que se declare la inconstitucionalidad del decreto de Vidal. El juez federal de Río Gallegos, Marcelo Vázquez, no trató la cuestión de fondo y le pasó la causa a la Corte Suprema.

La semana pasada se presentó en la Legislatura santacruceña un proyecto de ley para derogar el decreto y declararlo nulo de nulidad absoluta.

“El Poder Ejecutivo, mediante un simple decreto, ha modificado de facto el régimen legal aplicable a un área protegida, sustrayendo del debate parlamentario una decisión que, por su naturaleza y por mandato legal, corresponde al Poder Legislativo… Al autorizar la venta del inmueble a una sociedad cuyo capital accionario pertenece a una corporación extranjera, somete el área a presiones de desarrollo inmobiliario y turístico de alta gama que resultan incompatibles con los objetivos de conservación del parque provincial”, señala el proyecto de Carlos Alegría, Daniel Peralta, Carlos Godoy, Ramón Bodlovic y Mora Doldan.