Un acreedor de la causa Wika logró meterse en la investigación y ahora puede pedir pruebas
Un acreedor de la quiebra de Bacchiani pidió ser querellante en la causa Wika. El fiscal lo rechazó con un argumento que el juez Sago consideró "improcedente". Ahora la investigación tiene un nuevo actor con poder para pedir pruebas.
La causa Wika, que investiga la presunta insolvencia y quiebra fraudulenta de Adhemar Bacchiani y su firma Adhemar Capital SRL, sumó un actor clave: un acreedor de la quiebra fue aceptado como querellante particular. La decisión la tomó el juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago, quien revocó el rechazo que había impuesto el fiscal de Instrucción N° 8, Juan Manuel Sánchez Ruiz.
El pedido lo había presentado el abogado Bruno Jerez, en su carácter de acreedor directo y quirografario de Edgar Bacchiani y de Adhemar Capital SRL. La causa se inició en 2024 a partir de una denuncia de Cristian Guillou contra Bacchiani, la escribana Joaquina Gandini y otras personas. Hasta el momento, no hay imputados ni indagados en el expediente.
El rechazo del fiscal y los argumentos
El 21 de octubre último, Sánchez Ruiz había rechazado la pretensión de Jerez. Entre sus razones, señaló que la Fiscalía maneja otros expedientes conexos que tramitan en distintos fueros —el Federal, la Justicia de Córdoba y Concursos y Quiebras— con información sensible a la que las partes no acceden hasta después de las indagatorias. También reconoció que aún no existe un decreto formal de imputación ni llamados a indagatoria para los investigados.
El fiscal puso el foco en la naturaleza de los delitos: al tratarse de presuntos hechos de insolvencia fraudulenta y quiebra fraudulenta, consideró que los damnificados conforman «un conjunto de la ciudadanía» y que su interés colectivo debe ser representado por los síndicos de las quiebras, no por cada acreedor en particular. Con más de mil acreedores verificados en los procesos de Adhemar Capital SRL y de Edgar Adhemar Bacchiani, sostuvo que la representación debía concentrarse en las sindicaturas concursales para evitar demoras o entorpecimientos en la pesquisa penal.
La revocatoria del juez Sago
Jerez se opuso a la negativa y pidió que el fiscal revocara su decisión o, en su defecto, que elevara el planteo al juez de Control de Garantías. Fue así que Sago revocó el dictamen de Sánchez Ruiz y declaró a Jerez como querellante particular pleno.
En sus fundamentos, el magistrado calificó de "improcedente" la pretensión del Ministerio Público Fiscal de desplazar la legitimación penal del acreedor hacia los síndicos de la quiebra. Remarcó que ese fuero tiene facultades de administración, conservación y recomposición patrimonial de índole comercial y civil, pero no puede representar a querellantes porque carece de atribuciones constitucionales y procesales para hacerlo.
Además, advirtió a Sánchez Ruiz que la masividad o complejidad de una causa no inhabilita las garantías procesales, tal como el fiscal había argumentado en la resolución que ahora quedó sin efecto.