Un abogado en el ojo de la tormenta: lo que la Justicia descubrió sobre sus millonarios ofrecimientos

El juez federal N° 2 de Tucumán, José Manuel Díaz Vélez, procesó sin prisión preventiva al abogado Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y violación de medios de prueba. La resolución incluye un embargo de cien millones de pesos sobre sus bienes.

La decisión se basó en un análisis detallado del plexo probatorio que desestimó los descargos de la defensa. El juez consideró que para dictar la medida “basta con la mera convalidación de la sospecha, no siendo necesaria una certidumbre con grado apodíctico”, validando la hipótesis fiscal sobre una “venta de la influencia” sustentada en la cercanía de Ontiveros con el camarista Mario Rodolfo Leal y su esposa, Solana Casella, postulante al juzgado federal n° 1 y relatora exclusiva de Leal.

¿Qué hechos se acreditaron?

Según el fallo, quedaron probados tres hechos delictivos. El primero, del 10 de marzo de 2023, por ofrecer influencias a Mario Alberto Martínez Salazar Pérez a cambio de USD 100.000. El segundo, entre el 15 y 21 de abril de 2025, por un nuevo ofrecimiento de USD 80.000 para revertir votos en la Cámara Federal. El tercero, ocurrido el 4 de junio de 2025, cuando el imputado eliminó aplicaciones de WhatsApp y Telegram para destruir prueba relevante.

La investigación detalla tres encuentros clave: en marzo de 2023, en el bar Del Turista, donde pidió USD 100.000 para lograr el sobreseimiento de Jerónimo Martínez Parada; el 15 de abril de 2025, en inmediaciones del bar Sole Mío en Yerba Buena, donde solicitó USD 80.000 para revertir una prisión preventiva; y el 21 de abril de 2025, en el bar Nico, también en Yerba Buena, donde se discutieron detalles de pago.

Las pruebas que lo incriminan

La Fiscalía corroboró los encuentros mediante chats y mensajes de WhatsApp aportados por el denunciante, capturas de pantalla encontradas en el teléfono de Ontiveros, pericias informáticas de la DATIP, geolocalizaciones del celular del acusado, registros de antenas telefónicas y cámaras de seguridad de los lugares de reunión.

Además, se determinó que Ontiveros utilizaba vehículos vinculados al camarista federal Mario Rodolfo Leal, incluyendo una Toyota Corolla Cross y una Fiat Toro asignada oficialmente a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, hecho incorporado como elemento de análisis.

El expediente destaca que las reuniones coincidieron temporalmente con momentos clave del trámite judicial de Jerónimo Martínez Parada. La causa investiga si Ontiveros utilizó supuestos contactos e influencia para solicitar entre USD 80.000 y USD 100.000 a cambio de favorecer decisiones judiciales.

Finalmente, el juzgado impuso medidas de coerción: Ontiveros deberá prometer someterse al proceso, tiene prohibición de comunicarse o acercarse al denunciante y testigos, no podrá cambiar de domicilio ni salir del país sin autorización previa.