Un abogado correntino cruzó fuerte a la Corte por el fallo que frenó la venta de campos a extranjeros

El rol de la Corte Suprema como árbitro de los conflictos políticos y la creciente judicialización de las normas que salen del Congreso volvieron al centro de la escena en los micrófonos de la radiofonía regional. En ese marco, el abogado y secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Adrián Luna Vázquez, disparó sin filtro contra el máximo tribunal por la cautelar que restableció temporalmente las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.

La entrevista se emitió en el programa La Otra Campana, en dúplex por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní, con la conducción de los periodistas Gustavo Adolfo Ojeda y Facundo Sagardoy. Luna Vázquez, letrado con extensa trayectoria en Corrientes y Misiones, analizó el fallo de la causa Árboles de Pie, la protección ambiental desde la mirada del productor agropecuario y la sesión legislativa que se viene el 21 de octubre.

Un fallo que preocupa y marca un precedente

El dirigente rural no ocultó su inquietud por la decisión judicial. «Nos causa una gran preocupación», arrancó, y se apoyó en el voto del juez Rosenkrantz: a su entender, «la mera referencia genérica al medio ambiente no puede habilitar de ninguna manera una medida cautelar de esta envergadura».

Luna Vázquez recordó que quien compra un campo en la Argentina ya está obligado a cumplir con todas las leyes ambientales vigentes, por lo que no se explica qué daño directo se busca evitar al impedir una compraventa. Pero su mayor alerta pasó por otro lado: «Lo que más nos preocupa es el precedente que se sienta».

Según su lectura, si la sola mención de la palabra «ambiente» alcanza para suspender los efectos de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) —que mientras está vigente tiene el mismo rango que una ley—, entonces cualquier juez inferior podría dictar cautelares y frenar normas o actividades en el ámbito rural. «La Corte actuó en este caso por una razón estricta y eminentemente política», sentenció.

El respaldo de juristas y la falta de daño concreto

Consultado sobre la coincidencia de prestigiosos juristas como los doctores Andrés Gil Domínguez y Aquino Britos, quienes calificaron este tipo de actuaciones de la Corte como arbitrarias, dogmáticas y de severa gravedad institucional, Luna Vázquez fue categórico: «Coincido plenamente. Es un fallo arbitrario sin lugar a dudas y de una gravedad institucional tremenda».

El letrado subrayó que el propio voto de la mayoría reconoce de entrada que el tribunal no tiene competencia originaria en el caso. «Además, no había un caso concreto ni un daño acreditado o manifestado», agregó, y repasó que históricamente la Corte fue extremadamente rigurosa a la hora de exigir la demostración del daño para conceder cautelares, incluso en fallos emblemáticos como Mendoza o Defensor del Pueblo contra la Provincia del Chaco, o en situaciones excepcionales de salud donde estaba en riesgo la vida de un menor o el agua contenía arsénico.

«Aquí no existía nada de eso», remarcó. Para él, lo institucionalmente correcto habría sido seguir la postura del voto minoritario: devolver el expediente a los tribunales inferiores para que analicen la legitimación de las partes y si correspondía o no una cautelar. «Los jueces no deben legislar a través de sus fallos», enfatizó.

El Congreso, la «Casa del Pueblo» que debe resolver

Ante la discusión instalada sobre si los jueces están asumiendo roles legislativos, Luna Vázquez no dudó: el debate debe reorientarse hacia el Congreso de la Nación. «Por supuesto, es el Congreso el que tiene que resolver estos problemas y no la Corte Suprema», afirmó.

Y puso fecha: el próximo 21 de octubre a las 12 hay una convocatoria a sesión en la Cámara de Diputados, donde el primer tema en la orden del día será justamente la Ley de Tierras.

Vandalismo rural: el proyecto que busca proteger al productor

En esa misma sesión también se tratará el proyecto sobre Vandalismo Rural, impulsado desde CRA. Luna Vázquez explicó que la iniciativa fue redactada en 2022 junto al doctor Goya, perdió estado parlamentario y ahora volvió a tomar impulso con dictamen favorable de comisión.

La norma establece que el solo hecho de ingresar a un predio rural sin la debida autorización de quien tiene derecho a darla pasa a ser un delito. Además, crea la figura del daño agravado para los ataques a las producciones agropecuarias o a las instalaciones de los campos, con penas de hasta 8 años de prisión y multas de hasta 12 veces el valor de los bienes destruidos. También sanciona con dureza a quien instigue a causar estos destrozos.

El proyecto obtuvo 41 firmas de respaldo en el dictamen conjunto de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura.

La realidad del campo: lejos de todo y sin respaldo

Luna Vázquez contó que la iniciativa nació originalmente en 2022 frente a la ola de ataques e instigaciones para romper silobolsas. Sin embargo, al trabajarla en la CRA con representantes de todo el país, el problema se reveló mucho más amplio: en Misiones ingresaban a los campos a destrozar yerbales por el solo hecho de hacer daño; en la Patagonia destruían molinos o rompían las antenas satelitales que le dan conectividad al poblador rural.

El dirigente apeló a una comparación cotidiana para explicar el desamparo: «En la ciudad uno tiene al vecino al lado o llama a la Policía y la patrulla llega en minutos. En el campo, un establecimiento puede estar a 100 o 200 kilómetros del centro urbano más cercano, viviendo en un absoluto desamparo».

«Si los gobiernos destacan la generación de divisas de la producción agropecuaria, también deben proteger al productor», planteó. Y cerró con una cita del debate en comisión: como señaló el diputado Ardohain, el Código Penal argentino ha tenido históricamente un sesgo urbanístico que ya es hora de equiparar con una adecuada protección a la ruralidad.