Tucumán ya tiene su régimen penal juvenil: qué cambia para los adolescentes de 14 a 18 años

La Legislatura de Tucumán sancionó el "Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil" y convirtió a la provincia en la primera del país en adaptar su normativa a la Ley Nacional N° 27.801. La sesión especial fue presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo y el proyecto se aprobó con 44 votos a favor y uno en contra.

La norma establece un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos y regula cómo se ejecutan, supervisan y controlan las medidas y penas que disponga la Justicia cuando queden en manos de organismos tucumanos. Además, incorpora un abordaje socioeducativo orientado a la integración social y a reducir la reincidencia.

Un cuerpo de supervisores y un instituto especializado

Entre las herramientas centrales que crea la ley aparece el Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que funcionará dentro de la órbita del Poder Judicial. Sus integrantes tendrán a su cargo el seguimiento de cada adolescente, el control del cumplimiento de las medidas dispuestas por la Justicia y la articulación con los organismos que participan del proceso de reintegración social.

La normativa también fija que las penas privativas de la libertad deberán cumplirse en establecimientos especializados para menores de 18 años. Con ese objetivo se crea el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil "Cura Brochero", destinado a la ejecución de penas y de determinadas medidas previstas en el nuevo régimen.

El sistema provincial se plantea como objetivos la responsabilización de los adolescentes frente al delito, su integración social, la reducción de la reincidencia y la protección de las víctimas y de la comunidad.

Cinco proyectos y el aporte de los tres poderes

El proyecto se analizó antes en la Comisión de Legislación General, que preside el legislador Gerónimo Vargas Aignasse. El tratamiento incluyó reuniones y mesas de trabajo con representantes de los tres poderes del Estado, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales y abogados especializados en las áreas alcanzadas por la norma.

Vargas Aignasse resaltó el trabajo para adecuar la estructura provincial al nuevo régimen nacional y sostuvo que el objetivo no debe limitarse a la aplicación de una pena. "Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo", afirmó.

El legislador agregó que Tucumán ya cuenta con dispositivos que dependen de la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia y que deberán adaptarse a las nuevas edades y condiciones que establece el régimen.

El rol del supervisor

El legislador Mario Leito remarcó que la aprobación de la ley nacional es solo un primer paso y que las provincias deben crear las herramientas para aplicarla de manera efectiva. "Una cosa es la ley sancionada, la baja de imputabilidad, y otra cosa es buscar la manera para la aplicación de la norma", señaló.

Leito explicó que durante el tratamiento provincial se analizaron las modificaciones administrativas y procesales necesarias y también la dependencia institucional del cuerpo de supervisores. Finalmente, se resolvió que funcione dentro del Poder Judicial.

Agustín Romano Norri, por su parte, indicó que la iniciativa surgió de la unificación de cinco proyectos y subrayó la necesidad de que el nuevo sistema incorpore herramientas para la reinserción social y laboral de los adolescentes.

La legisladora Silvia Elías de Pérez puso el acento en el carácter integral del régimen y en la necesidad de sumar políticas de prevención y acompañamiento. Entre ellas mencionó la educación, el tratamiento de consumos problemáticos y la atención psicológica.