Tucumán: más de 250 edificios sin final de obra y la mayoría está habitada

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán reveló que 253 edificios de la Capital no cuentan con el certificado de final de obra y que alrededor del 60% de ellos están habitados. El dato surge de un relevamiento sobre unas 1.400 construcciones y fue expuesto durante una reunión en el Concejo Deliberante que buscó dar respuestas institucionales tras la explosión y el incendio en el edificio de Monteagudo 120.

El encuentro se realizó en el quinto piso del Concejo y fue abierto por su presidente, Fernando Juri. Participaron las comisiones de Obras Públicas y Estética, que conduce Federico Romano Norri, y de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica, presidida por Facundo Vargas Aignasse. Por el Municipio asistieron el funcionario Belloni, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, y el arquitecto Luis Lobo Chaklián, responsable técnico del nuevo Código de Planeamiento Urbano.

Los números del relevamiento

Belloni precisó que el estudio abarca aproximadamente 1.400 construcciones y que un 8,7% adicional de las que carecen de certificación figura como terminado pero desocupado. También aclaró que los datos no están discriminados por zonas de la ciudad. "Mucha gente está afectada porque no puede tener sus escrituras", señaló.

La convocatoria respondió a la Resolución N° 5.067/26, aprobada en agosto, y se produjo después del siniestro en Monteagudo 120, un inmueble frente al Concejo que nunca obtuvo el final de obra y acumulaba intimaciones municipales desde 2018 por irregularidades. A raíz de ese episodio, los concejales Gustavo Cobos y José María Canelada propusieron una auditoría, pero la iniciativa fue reemplazada por una reunión con las áreas municipales para lograr acuerdo entre los bloques.

¿Hay riesgo para los vecinos?

Ante la insistencia de varios concejales sobre si existían edificios con riesgo para la vida de las personas, Fernández respondió que las distintas áreas municipales están cruzando información para determinarlo. El funcionario informó que se inspeccionaron 112 unidades y aseguró que en ninguna se detectó peligro para los habitantes. Sin embargo, no quedó precisado si esas construcciones integran el grupo de 253 inmuebles sin final de obra. "Según fuentes extraoficiales, lo que pasó en Monteagudo al 120 no está relacionado con la seguridad del edificio", dijo.

Ernesto Nagle reclamó que el trabajo se concentre en identificar las unidades que presentan riesgos y advirtió sobre las responsabilidades políticas que pueden derivarse de los incumplimientos privados. "Cuando sucedió lo del frente, la ciudadanía dijo que la culpa era de los funcionarios del Municipio y de los concejales", recordó. "No hay diferencia de bancada política en esto. Si la gestión privada no cumple con las cosas, dejamos en manos que pueda haber una tragedia. Nosotros y ustedes quedamos muy expuestos", afirmó.

Debate sobre herramientas y responsabilidades

La discusión avanzó sobre los mecanismos disponibles para actuar frente a las irregularidades. Cobos advirtió que hay construcciones que siguen avanzando pese a las notificaciones y multas, y propuso estudiar formas de intervención más efectivas para evitar que los incumplimientos se prolonguen hasta que las empresas pidan excepciones. José María Franco, en tanto, sugirió priorizar el área central para agilizar el relevamiento.

Lobo Chaklián atribuyó parte de las irregularidades a prácticas de administraciones anteriores. "Las herencias de gestiones anteriores hay que transparentarlas y normalizarlas", expresó. El arquitecto también indicó que se identificaron alrededor de 17 construcciones con peligro de derrumbe y que el Ejecutivo intervino en siete. Además, sostuvo que el nuevo Código de Planeamiento Urbano debería contribuir a corregir las deficiencias existentes.