Tucumán le dio un giro a dos causas millonarias contra la Nación: qué firmó Jaldo con Caputo

El Gobierno de Tucumán cerró un acuerdo con la Casa Rosada para dar por terminadas dos demandas que la Provincia había presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en 2019, cuando Mauricio Macri ocupaba el Ejecutivo nacional. Las causas apuntaban a la reducción de alícuotas en impuestos coparticipables.

Con esa firma, la administración de Osvaldo Jaldo cumplió uno de los puntos centrales del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), el esquema que en abril pasado habilitó un anticipo financiero para varias provincias, Tucumán incluida.

El detalle quedó asentado en el decreto 1680/3 (MEyP), fechado en julio pero publicado este jueves en la edición digital del Boletín Oficial de la Provincia.

El convenio que destrabó todo

La norma provincial es consecuencia directa del convenio que el 23 de julio firmaron Daniel Abad, ministro de Economía de Jaldo, y Luis “Toto” Caputo, titular de la misma cartera en el gobierno de Javier Milei. El marco fue el Decreto 219/2026 de la Nación, que contempló anticipos para 12 distritos por hasta $400.000 millones.

Según el decreto 1680/3, las partes resolvieron sumar al REOR —lanzado en 2024— un conjunto de “acreencias y obligaciones recíprocas existentes entre el Estado Nacional y la Provincia de Tucumán”, con un mecanismo para compensarlas, fijar el saldo y definir cómo cancelarlo.

El objetivo declarado del instrumento es “el saneamiento de las relaciones financieras existentes entre el Estado Nacional y la Provincia de Tucumán”. Dentro de ese esquema de compensación integral, se incluyó el desistimiento de los dos expedientes que Tucumán había llevado a la Corte Suprema.

Qué decían las demandas de 2019

Un informe de la Fiscalía de Estado provincial, a cargo de Gilda Pedicone, reconstruye el origen del conflicto. En el segundo semestre de 2019, en la última etapa del macrismo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó de forma unilateral los decretos 567/2019 —alícuota del 0% de IVA en alimentos— y 561/2019, con cambios en Ganancias, Monotributo y aportes previsionales.

Para la Fiscalía, esas medidas, presentadas como alivio económico, “vulneraban el régimen de coparticipación federal al financiar reducciones impositivas nacionales con fondos que pertenecían a las provincias”.

Frente al “riesgo de descapitalización”, la Provincia consiguió dos cautelares que el informe califica de “contundentes”. La primera, del 1 de octubre de 2019, ordenó que el costo fiscal de la baja del IVA lo asumiera el Estado Nacional con recursos propios. La segunda, del 8 de ese mes, fue en el mismo sentido para “resguardar la detracción de fondos por Impuesto a las Ganancias”.

“La estrategia jurídica tucumana neutralizó de inmediato la pérdida de ingresos coparticipables y garantizó el respeto de la autonomía tributaria provincial”, sostiene el documento. Además, recuerda que con la firma del Consenso Fiscal 2020 las causas quedaron suspendidas formalmente.

Desde la Fiscalía explicaron que, tras la derogación del marco normativo impugnado y la consolidación de nuevos acuerdos federales, se concluyó que las acciones “lograron acabadamente su cometido de tutelar el erario público”. También señalaron que la Corte había resuelto en igual dirección en causas de Catamarca, Chubut y Entre Ríos.

Qué habilita el decreto y cómo impacta en las cuentas

Con la firma del decreto 1680/3, además de aprobar el convenio Caputo-Abad, se autorizó a la Dirección Judicial de la Fiscalía de Estado a desistir de los procesos. El trámite contó con el visto bueno de las áreas técnicas de las carteras con competencia en el tema.

En los considerandos se subraya que la operatoria “permitirá ordenar financieramente las obligaciones recíprocas existentes entre la Provincia y el Estado Nacional, fortalecer la disponibilidad financiera del Tesoro Provincial y contribuir al equilibrio de las finanzas públicas”.

El desistimiento también aparece en el proyecto de Presupuesto nacional para 2027, en un apartado sobre “coordinación fiscal provincial”. Allí se afirma que entre 2025 y 2026 se profundizó la reorganización de la administración pública nacional y se mantuvo la necesidad de consolidar el equilibrio fiscal, bajar la presión tributaria sobre el sector privado y eliminar la discrecionalidad en las transferencias.

El texto enviado por Milei al Congreso remarca además que, en el marco del federalismo de concertación, “se logró disminuir la conflictividad con las jurisdicciones provinciales, desistiendo estas últimas de 37 procesos judiciales dentro del REOR”. Dos de esos expedientes son, justamente, los que había iniciado Tucumán.