Tucumán le baja dos juicios a la Nación y ahora espera la letra chica del acuerdo

El Gobierno de Tucumán resolvió dar de baja las dos demandas que había presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los recortes en impuestos coparticipables dispuestos durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión quedó sellada dentro de un convenio con la Nación que apunta a compensar deudas y créditos entre ambas jurisdicciones y a poner en orden las cuentas provinciales.

El instrumento que formaliza el paso es el decreto provincial 1680/3 (MEyP), firmado en julio y publicado este jueves en el Boletín Oficial de Tucumán. La norma convalida el acuerdo que el ministro de Economía provincial, Daniel Abad, cerró el 23 de julio con su par nacional, Luis Caputo.

El entendimiento se apoya en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), la herramienta que la Nación puso en marcha en 2024 para regularizar compromisos financieros que quedaron pendientes con las provincias.

Para Tucumán, además, significa cumplir una de las condiciones atadas al esquema de anticipos financieros habilitado en abril por el decreto nacional 219/2026, que previó asistencia para 12 distritos con un monto global de hasta $ 400.000 millones.

Qué dice el convenio

El texto fija un mecanismo para reconocer, compensar y determinar los saldos de las obligaciones que existen entre la Provincia y el Estado nacional, y también las condiciones para cancelarlas.

El punto central es el abandono de las dos acciones judiciales que Tucumán presentó en 2019, cuando el Gobierno de Macri impulsó cambios tributarios que tocaban recursos distribuidos por el régimen de coparticipación federal.

Los conflictos nacieron de los decretos nacionales 567/2019 y 561/2019. El primero fijó una alícuota del 0% de IVA para determinados alimentos; el segundo metió cambios en el Impuesto a las Ganancias, el Monotributo y los aportes previsionales.

Ambas decisiones se presentaron como medidas para aliviar la situación económica, pero el Gobierno tucumano cuestionó que su costo fiscal cayera sobre fondos que les correspondían a las provincias.

Según un informe de la Fiscalía de Estado, que conduce Gilda Pedicone, esas disposiciones comprometían los ingresos coparticipables y podían provocar una reducción significativa de los recursos provinciales.

Las cautelares que frenaron el golpe

La presentación judicial le dio a Tucumán dos medidas cautelares favorables de la Corte Suprema en octubre de 2019.

La primera, del 1 de octubre, estableció que la caída de la recaudación del IVA debía ser afrontada por la Nación con recursos propios. La segunda, del 8 de octubre, adoptó un criterio similar para los cambios en Ganancias.

Desde la Fiscalía de Estado sostuvieron que esas resoluciones permitieron preservar los ingresos provinciales y evitar que las medidas tributarias nacionales afectaran las transferencias que le corresponden a Tucumán.

Después, con la firma del Consenso Fiscal 2020, los dos expedientes quedaron suspendidos. La derogación de las normas cuestionadas y los acuerdos fiscales posteriores llevaron al Ejecutivo provincial a considerar que las acciones judiciales ya habían cumplido su finalidad.

El decreto 1680/3 autoriza ahora a la Dirección Judicial de la Fiscalía de Estado a formalizar el desistimiento de las demandas.

Los fundamentos y el dato que falta

En sus fundamentos, el Gobierno provincial señala que el convenio permitirá ordenar las obligaciones financieras con la Nación, mejorar la disponibilidad de recursos del Tesoro y contribuir al equilibrio de las cuentas públicas.

Sin embargo, el instrumento difundido no precisa qué monto concreto resultará de la compensación ni cuánto dinero adicional podría recibir Tucumán como consecuencia del acuerdo.

La movida también se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno nacional para reducir los litigios económicos con las provincias.

El proyecto de Presupuesto nacional 2027, enviado al Congreso por la administración de Milei, destaca que durante 2025 y 2026 se avanzó en la reorganización de las relaciones fiscales entre ambas jurisdicciones.

En ese documento, el Ejecutivo nacional sostiene que el REOR permitió disminuir la conflictividad judicial mediante el desistimiento de 37 procesos iniciados por gobiernos provinciales. Dos de esos expedientes son justamente las demandas que Tucumán había promovido contra las medidas tributarias de 2019.

Así, el acuerdo cierra un capítulo del enfrentamiento judicial por los recursos coparticipables y consolida un mecanismo de compensación financiera entre la Provincia y la Nación.

El alcance económico definitivo de la operación dependerá de los saldos que se determinen y de las condiciones de cancelación establecidas en el convenio firmado por ambas administraciones.