Tucumán integra el grupo de siete provincias que, por ley, limitan la minería metalífera a cielo abierto. Cuáles son las otras seis y qué hizo Mendoza para destrabar su potencial cuprífero sin modificar la norma que bloquea.
El dominio de los minerales queda en manos provinciales por el artículo 124 de la Constitución Nacional, y eso dibujó un país partido en dos: algunas jurisdicciones abiertas al capital minero de gran escala y otras que levantaron barreras legales. Tucumán integra este último grupo, junto a otras seis provincias que, según los registros oficiales, mantienen normas que limitan total o parcialmente la minería metalífera a cielo abierto o el uso de químicos clave para la lixiviación.
La Secretaría de Minería de la Nación y los boletines oficiales de cada distrito confirman que esas leyes, sancionadas entre 2003 y 2011, no forman un bloque uniforme: tienen alcances técnicos distintos, pero en la práctica frenaron durante años la llegada de inversiones de gran porte.
Una por una, las provincias que pusieron límites
Chubut fue la primera en moverse, con la Ley XVII Nº 68 (ex Ley 5.001 de 2003), nacida tras el plebiscito de Esquel. La norma prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en todo su territorio.
Tucumán aprobó la Ley 7.879 en 2007, que veta de manera expresa la minería metalífera a cielo abierto y el empleo de cianuro y mercurio en los procesos productivos.
La Pampa siguió el mismo año con la Ley 2.349, que impide la minería metalífera a cielo abierto y el uso de sustancias químicas contaminantes en todas las etapas.
Córdoba sancionó la Ley 9.526 en 2008: prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en todo su territorio y también la extracción de minerales nucleares como uranio y torio en cualquier modalidad.
San Luis hizo lo propio con la Ley IX-0634 de 2008, que bloquea el uso de químicos en procesos metalíferos obtenidos por cualquier método extractivo.
Tierra del Fuego cerró el grupo en 2011 con la Ley 853, que veta la actividad metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro, mercurio y otros tóxicos en la isla.
Mendoza: cómo crecer sin tocar la ley que bloquea
Durante casi veinte años, Mendoza fue el símbolo de la resistencia minera en la cordillera. El intento de reforma de diciembre de 2019, cuando la sanción de la Ley 9.209 desató protestas masivas y obligó a restituir la Ley 7.722 apenas diez días después, dejó una lección: modificar la norma era inviable por falta de licencia social.
Pero el Gobierno provincial encontró una salida institucional para destrabar el potencial cuprífero sin apartarse de la 7.722. El esquema se sostiene en dos ejes.
El primero es técnico: procesos por flotación sin reactivos prohibidos. Muchos yacimientos de cobre sulfurado permiten concentrar el mineral mediante flotación física con agua y reactivos biodegradables autorizados, sin ácido sulfúrico, cianuro ni mercurio.
El segundo es político-administrativo: evaluación distrital y aval legislativo. Para evitar la parálisis, la provincia creó el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), en el sur mendocino, un departamento con amplia licencia social y tradición petrolera.
En lugar de tramitar expedientes aislados, la Autoridad Ambiental Minera evalúa bloques de proyectos bajo una misma línea de base ambiental y los envía a la Legislatura para su ratificación por ley, tal como exige la 7.722.
Resultados concretos
El mecanismo ya muestra frutos. Tras aprobar una primera tanda de 34 proyectos exploratorios, en diciembre de 2025 la Legislatura mendocina ratificó otras 27 Declaraciones de Impacto Ambiental (MDMO II), con lo que el total de áreas habilitadas para explorar llegó a 65. Además, dio sanción definitiva mediante la Ley 9.684 a la DIA de explotación de PSJ Cobre Mendocino (ex San Jorge), en Uspallata.
Con una inversión proyectada superior a los u$s800 millones y adhesión al RIGI, PSJ se convirtió en el primer proyecto metalífero aprobado bajo las reglas de la 7.722 en casi veinte años. Mientras tanto, una tercera etapa con otros 71 pedimentos ya transita su evaluación técnica.