Tucumán eliminó 59 tasas: el ahorro real que nadie sabe calcular

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dio luz verde a una reforma impulsada por la intendenta Rossana Chahla que borra de un plumazo 59 tasas, derechos y contribuciones municipales. La medida aliviana el costo de ciertos trámites administrativos y comerciales, pero dejó un interrogante que la oposición no logró responder: cuánto dinero representa ese beneficio para los vecinos y cuánto dejará de recaudar el municipio.

La ordenanza no tendrá efecto inmediato. Empezará a regir recién al día siguiente de su publicación en el Boletín Municipal, un paso que todavía no se concretó.

Los trámites que dejarán de costar plata

Entre los cambios más palpables está la eliminación del arancel de los certificados de Libre Deuda y de Cumplimiento Fiscal, que hoy se cobran a $ 4.600 cada uno. También se suprimen cobros por trámites administrativos que actualmente cuestan $ 1.150 por la primera hoja y $ 460 por cada hoja adicional.

Según los cálculos del Ejecutivo, un contribuyente que deba hacer varias de estas gestiones podría ahorrarse hasta $ 11.500. La reducción, sin embargo, no equivale a una baja generalizada de impuestos: solo alcanza a quienes utilizan los servicios involucrados.

Los 59 conceptos eliminados se reparten entre nueve dependencias. La Dirección de Ingresos Municipales pierde 17; Catastro, 14; Vía Pública, 12; Cementerios, siete; Bromatología, tres; el Tribunal de Faltas y Arbolado, dos cada uno; y Defensa Civil y Espacios Verdes, uno por área.

La medida también abarca aranceles de kioscos, ferias, puestos comerciales, food trucks, mesas y sillas en espacios públicos, permisos de refacción sin planos, rebajes de cordón y depósitos de materiales. Eso sí: la eliminación del pago no libera a los comerciantes de cumplir con habilitaciones, autorizaciones y controles que exigen las ordenanzas vigentes.

El oficialismo defiende el proyecto

Durante el debate, el oficialismo presentó la iniciativa como una herramienta para reducir la burocracia y simplificar las gestiones de vecinos y comerciantes. El presidente de la Comisión de Hacienda, Emiliano Vargas Aignasse, sostuvo que los conceptos eliminados representan alrededor del 1,5% de la recaudación municipal y rechazó las críticas sobre su escasa incidencia económica.

“No estamos diciendo que este proyecto es Maradona en el 86”, expresó, aunque insistió en que la decisión tendrá efectos positivos para los contribuyentes.

Las voces de la oposición

Desde la oposición, Alfredo Terán de Zavalía, de Fuerza Republicana, acompañó la reforma pero advirtió que sus beneficios serán limitados. “Es un proyecto corto que tiene poco impacto en el bolsillo de la gente”, afirmó. Aun así, justificó su voto favorable al considerar que cualquier reducción de la carga tributaria es un avance.

Más dura fue Ana González, de Compromiso Tucumán, quien anunció la abstención de su bloque y calificó la propuesta como una medida electoral. “Es mucho ruido y pocas nueces”, cuestionó la concejala, al sostener que eliminar aranceles administrativos no representa un alivio significativo para las familias. Carlos Ale tampoco votó el proyecto.

Uno de los principales reclamos opositores fue la falta de datos concretos sobre cuánto dinero dejará de recaudar el municipio y cuántos contribuyentes se beneficiarán. Gustavo Cobos advirtió que la cantidad de tasas eliminadas no permite dimensionar el efecto económico. “Contar estos conceptos no significa medir el impacto económico real”, señaló.

Leandro Argañaraz también pidió precisiones sobre la recaudación de 2025 y 2026, aunque aclaró que no podía votar en contra de una iniciativa destinada a reducir tributos. Cristian Abel, ex secretario de Economía y Hacienda municipal, respaldó la eliminación de conceptos que consideró innecesarios y sostuvo que otras administraciones deberían adoptar medidas similares. Gonzalo Carrillo Leito valoró la decisión, pero planteó la necesidad de impulsar políticas productivas que disminuyan la dependencia de los recursos tributarios.

Un punto judicializado

La ordenanza también deroga una contribución vinculada con la vigilancia e inspección de instalaciones de agua, cloacas y gas natural por redes. Sin embargo, el Ejecutivo reconoció que ese concepto está judicializado, por lo que todavía no puede establecerse si su eliminación tendrá efecto directo en las facturas de los usuarios.

La Municipalidad fundamentó la reforma en que la administración y fiscalización de ciertos cobros demandan recursos elevados en relación con los ingresos que generan. No obstante, el expediente no incluyó un detalle de la recaudación individual de cada concepto que permita verificar esa relación.

Con la ordenanza sancionada, el próximo paso será su publicación oficial y la confirmación del texto definitivo aprobado por el Concejo. Mientras tanto, el debate sobre el alcance económico de la medida sigue abierto: aunque se eliminarán 59 conceptos tributarios, aún no se conoce con precisión cuánto ahorrarán los vecinos ni qué efecto tendrá la reforma sobre las finanzas municipales.