Tucumán compra un edificio de 1,06 millón de dólares para la Junta Electoral: adentro hay dos espacios clave
La Junta Electoral de Tucumán se cansó de alquilar y salió a comprar su propio edificio: 1,06 millón de dólares en avenida Néstor Kirchner al 3.190. La operación ya tiene resolución firmada y el visto bueno del Tribunal de Cuentas, pero quedó atada a una precisión técnica de Contadores Fiscales. Adentro hay dos espacios que cambiarían una instancia clave de las elecciones.
La Junta Electoral Provincial de Tucumán dejará de alquilar y tendrá edificio propio. Según la resolución 95/26, firmada el viernes 16 de este mes, el organismo aprobó la compra directa de un inmueble en avenida Néstor Kirchner 3.190, en la Capital, por 1,06 millón de dólares.
El vendedor es Juan Manuel Garretón. La operación también habilitó al presidente de la JEP, Daniel Leiva, a firmar la escritura pública traslativa de dominio.
El visto bueno del Tribunal de Cuentas
Toda la documentación pasó por el control preventivo del Tribunal de Cuentas (TC), que se expidió con el acuerdo 4.108. El ente no formuló observaciones, pero ató la ejecución de la resolución 95/26 a algunas indicaciones del Departamento de Contadores Fiscales.
Desde la Junta indicaron que, una vez completados esos pasos administrativos, resta cerrar la operación para tomar posesión del predio y arrancar la obra.
En paralelo, el organismo avanza en los proyectos que implica una sede nueva: desde las áreas informáticas y las oficinas para el período ordinario hasta la infraestructura necesaria para desarrollar una contienda electoral.
En ese marco, no se descarta que las instalaciones estén operativas para la elección del 9 de mayo de 2027.
Qué lugar ocupará el escrutinio definitivo
El inmueble tiene dos espacios amplios donde podría realizarse la etapa del escrutinio definitivo. Hasta las últimas provinciales, celebradas en 2023, esa instancia se hacía en un edificio alquilado por la Junta Electoral en Mendoza 1.050.
Cómo se paga y qué dice la ley
La contratación directa se encuadró en el artículo 59, inciso 4, de la Ley de Administración Financiera (Ley 6.970/99), que fija las excepciones a la obligatoriedad de la licitación pública. Es el apartado que contempla la compra directa cuando se trata de “la adquisición o locación de bienes y servicios cuya producción o prestación sea exclusiva de quienes tengan privilegios para ello o que sólo posean una persona o entidad y no hubiere sustituto conveniente”.
El instrumento imputa $700 millones al Presupuesto 2026 (Punto II). En el Punto III dispone aplicar fondos de la cuenta de Excedentes Financieros de la JEP por $116,2 millones. El Punto IV ordena que “oportunamente se remita la base de datos al Banco Macro SA, según lo establecido en el convenio suscripto entre la Honorable Junta Electoral Provincial y dicha entidad bancaria”.
El Punto V autoriza al Área Administrativa a “efectuar el pago del 50% al momento de suscribir la Escritura Pública traslativa de dominio” y el 50% restante hasta abril de 2027. El Punto VI prevé para el ejercicio 2027 “el crédito presupuestario para afrontar el pago del 50% restante de la erogación equivalente a US$ 530.000”.
La precisión que pidió Contadores Fiscales
El Departamento de Contadores Fiscales consignó en un informe que las partidas presupuestarias indicadas tenían saldo suficiente, incluidos los $116,2 millones que se solventarán desde la cuenta de excedentes financieros de la JEP.
También pidió precisiones técnicas sobre la imputación presupuestaria, para que se contemple el total del inmueble más allá de cómo se hagan los pagos. Ese es el punto que el ente de contralor instó a revisar y que fijó como condición para ejecutar la resolución.