Tucumán busca frenar el pago de un multimillonario préstamo: el detalle clave que negocian con el banco
La provincia busca un respiro financiero clave. ¿Qué concesión tuvo que aceptar para postergar el pago de un crédito de $80.000 millones y qué papel juega el ministro Abad?
El Gobierno de Tucumán está en medio de una negociación financiera clave para postergar el pago de capital de un préstamo de $80.000 millones. La medida, formalizada por decreto, busca aliviar las cuentas provinciales ante un vencimiento que se acerca rápidamente.
La iniciativa quedó formalizada a través del decreto 310/3 (MEyP), firmado en febrero y publicado en la última edición del Boletín Oficial. Según el texto, las negociaciones se impulsan ante la cercanía del primer vencimiento del capital del crédito, cuya amortización está prevista para abril de 2026.
¿Qué pide exactamente la provincia?
En ese contexto, la administración provincial solicitó al Banco Macro una prórroga de seis meses para el inicio del pago del capital. Como respuesta, la entidad financiera propuso una modificación contractual mediante una addenda al acuerdo original de préstamo.
La propuesta del banco contempla readecuar el cronograma de amortización del capital, sin alterar el monto total del crédito ni modificar la fecha final de cancelación de la operación. Asimismo, el esquema mantendría intactas las condiciones pactadas originalmente, entre ellas la tasa de interés y el método de cálculo.
La condición con costo extra
No obstante, la reformulación del contrato incluye la aplicación de una comisión de reestructuración de deuda equivalente al 1% más IVA sobre el capital cuyo pago se difiera.
Desde el Ejecutivo aclararon que este cargo no implica un aumento del endeudamiento autorizado ni cambios en las condiciones financieras del préstamo, sino que se trata de un costo puntual asociado a servicios bancarios vinculados a la reprogramación.
Los próximos pasos de la negociación
A partir de esta negociación, el decreto faculta al ministro de Economía de la provincia, Daniel Abad, a realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno nacional para obtener la autorización correspondiente que permita extender por seis meses el período de gracia para el pago del capital.
La normativa también habilita al titular de la cartera económica a suscribir toda la documentación requerida para concretar la modificación del contrato y formalizar el nuevo esquema de pagos del crédito otorgado por la entidad financiera.
