Tucumán busca crear un “escudo aéreo” contra narco-vuelos con radares y un nuevo centro de control

La Legislatura de Tucumán tiene en análisis un ambicioso proyecto de ley que busca reforzar la lucha contra los delitos transnacionales mediante la creación del “Régimen Provincial de Cooperación Aeroespacial, Radarización e Interdicción Aero-Terrestre”. La iniciativa, impulsada por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, apunta a cerrar el espacio aéreo a vuelos ilegales vinculados al narcotráfico, […]

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Tucumán busca crear un “escudo aéreo” contra narco-vuelos con radares y un nuevo centro de control

La Legislatura de Tucumán tiene en análisis un ambicioso proyecto de ley que busca reforzar la lucha contra los delitos transnacionales mediante la creación del “Régimen Provincial de Cooperación Aeroespacial, Radarización e Interdicción Aero-Terrestre”. La iniciativa, impulsada por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, apunta a cerrar el espacio aéreo a vuelos ilegales vinculados al narcotráfico, contrabando y trata de personas.

El proyecto parte de una premisa clara: Tucumán es un territorio estratégico para estas operaciones y aún persisten “zonas de sombra” que impiden la detección temprana del Tránsito Aéreo Irregular (TAI), es decir, vuelos a baja altura, sin plan autorizado o con matrículas adulteradas. Por ello, la ley exige al Gobierno nacional la instalación y mantenimiento de nuevos radares primarios y secundarios.

Si bien la provincia adheriría a las Reglas de Protección Aeroespacial (RPA) de la Nación, el proyecto aclara que Tucumán no delega sus competencias de control territorial.

Un nuevo Centro de Fusión y poder para destruir pistas

La iniciativa designa al Ministerio de Seguridad como la autoridad de aplicación y ordena la creación del Centro Provincial de Fusión Aero-Terrestre (CeFAT). Este organismo centralizará toda la información y coordinación de los TAI detectados en la provincia.

Quizás el punto más fuerte es la “interdicción terrestre”: se faculta al Ministerio a investigar, clausurar e inutilizar pistas clandestinas. Además, podrá secuestrar combustible aeronáutico, equipos, vehículos y cualquier elemento logístico que dé apoyo terrestre a los narco-vuelos.

Controles, sanciones y arresto

Para cerrar el círculo de control, se crea el Registro Provincial de Locaciones Aero-Sensibles (REPLAS), que obligará a registrar predios y aeroclubes. A su vez, quienes comercialicen combustible aeronáutico deberán presentar un informe trimestral.

El régimen incorpora duras sanciones para quienes incumplan. Se prevén multas, clausuras y decomisos para quienes mantengan pistas no registradas. Las contravenciones más graves, como abastecer aeronaves irregulares o encubrir operaciones, podrán implicar arrestos de 15 a 180 días.

Para financiar todo el despliegue (compra de drones, sensores y destrucción de pistas), el proyecto crea el Fondo Provincial de Cooperación Aeroespacial (FONCOA), que se nutrirá de multas y aportes del Tesoro provincial. Finalmente, se obliga a los municipios a adaptar sus ordenanzas para impedir la construcción de pistas ilegales y colaborar con el control.

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